Al menos en teoría, una de las preocupaciones de cualquier gobierno es planificar, poner en marcha y gestionar correctamente políticas públicas que favorezcan la conciliación entre trabajo y vida personal y familiar. También teóricamente, dichas políticas deberían amoldarse a la variedad de formas en que la institución familiar se configura y estructura en una sociedad europea del siglo XXI. En la práctica, sin embargo, esto no es así desde el momento en que no todos reconocen por igual esa diversidad de tipos de familia. Mientras que, en un lado del tablero político, hace tiempo que se ha asumido la existencia de diferentes modelos familiares y que los roles de género se han transformado drásticamente en relación con los cuidados, la crianza y el hogar, existen otros posicionamientos que no terminan de encajar bien estos cambios sociales.

En el espectro ideológico conservador, encontramos que el patrón familiar tradicional (una unión estable de hombre y mujer con hijos e hijas biológicos) ha dominado su narrativa sobre el bienestar social desde siempre, y tan hegemónicamente que, aunque reconozcan en teoría otros modelos, en realidad solo el tradicional les preocupa, y, en consecuencia, termina siendo el objeto principal y casi único de sus políticas de protección. Si a este planteamiento ideológico le sumamos el sesgo económico en el tema de los cuidados que, con independencia de los modelos, afecta por igual a todas las familias cuando estas pertenecen a las clases menos pudientes, comprenderemos que la manera de abordar el asunto de la conciliación sea uno de los indicadores más concluyentes a la hora de ubicar políticamente a una Administración.

En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, y concretamente en el sector de la enseñanza pública, la anterior Administración reguló el régimen de licencias y permisos del profesorado a través de una norma publicada en el BOC el 28 de mayo de 2019, que fue objeto de largas negociaciones sindicales, en las que se pretendió, entre otras cosas, responder a las necesidades de conciliación dentro de un marco en el que las dinámicas familiares habían cambiado profundamente. Con más o menos éxito, con lagunas y claroscuros, se mejoró la normativa anterior, dando cabida a nuevos tipos de permiso.

Un ejemplo importante fue la inclusión de un supuesto específico de deber personal inexcusable relacionado con la necesidad de suministrar cuidados domiciliarios a hijos o hijas menores enfermos. Este permiso retribuido funcionó razonablemente bien durante cuatro años y permitió, especialmente a las familias monoparentales y a las de rentas más bajas, atender este deber de cuidado con flexibilidad y sin menoscabo económico alguno.

Una de las primeras medidas de la nueva Administración educativa ha sido precisamente interpretar de manera restrictiva la norma, hasta dejar este permiso para suministrar cuidados domiciliarios reducido a unos poquísimos casos. Solo desde un marco mental muy conservador, como en el que se mueven los actuales dirigentes de la Consejería de Educación, se puede explicar la total falta de sensibilidad hacia estos temas. Lamentablemente, es probable que, para quienes no tienen apuros económicos y están acostumbrados a pensar en la familia en términos muy tradicionales, la cuestión del cuidado domiciliario de un hijo o hija enfermos no sea ningún problema.

No deja de ser paradójico que una Administración como la educativa, a la que se le supone una especial comprensión de todo lo que rodea el bienestar de la infancia, muestre una cara tan poco humana, restringiendo normas que facilitaban el cuidado de menores enfermos. El paso atrás en derechos de conciliación que está dando la actual Consejería de Educación es resultado directo de concepciones ancestrales sobre los modelos familiares que, al rascar un poco, afloran sin complejos a la superficie. Es probable que esta medida no les preocupe porque crean que solo perjudica a los nuevos modelos, como pueden ser las familias monoparentales, que no encajan bien en sus esquemas mentales y que, por tanto, no requieren de especial protección.

La Consejería se equivoca: complicar la posibilidad del cuidado domiciliario de un menor enfermo perjudica, con mayor o menor intensidad, a todas las familias, incluidas también muchas (las más vulnerables económicamente) que se ajustan a su ideal de familia tradicional y extensa. Es curioso, en fin, que aquellos que más presumen en sus programas electorales de defender a la familia sean luego los menos empáticos con todos los asuntos de la conciliación, en especial cuando se aborda la problemática de los cuidados en el seno del hogar. Quizás, en el fondo piensen que, en última instancia habrá una mujer (madre, abuela…) que terminará, como siempre ocurre en el imaginario conservador, encargándose de solucionar el problema.