Légamo, la adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, uno de los servicios públicos que en Santander gestionan empresas privadas, tendrá que pagar 48.507 euros por los incumplimiento del contrato firmado con el Ayuntamiento de la capital cántabra.

Es el importe mínimo de las penalidades (el término administrativo con el que se denomina a estas multas o sanciones) que permite el Pliego (el documento que rige la relación ente empresa e institución, cuyas condiciones deben cumplirse para recibir el contrato).

De hecho, ha estimado parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa.

La Junta de Gobierno local ha aprobado este lunes poner fin así al expediente iniciado el pasado mes de agosto.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, se ha remitido a un informe municipal que detalla cada uno de los incumplimientos detectados por el responsable del contrato, con la indicación de las cláusulas del contrato incumplidas y las penalidades que procede imponer según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para los casos de incumplimiento, cumplimiento defectuoso y demora; pero que concluye que la penalización es la mínima posible.

Rojo ha insistido en que este expediente es un ejemplo más de la “responsabilidad y buen hacer” del equipo de Gobierno que mantiene la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los contratos que las empresas mantienen con la Administración local para la prestación de los diferentes servicios.

Por ello, ha asegurado que se están adoptando todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica “para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad”, ha señalado.