El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha advertido de que la reducción de trámites que persigue el Gobierno autonómico a través de la Ley de Simplificación Administrativa “no puede suponer que se reduzcan controles para el uso del dinero público o la protección del territorio”.

Así se ha pronunciado el dirigente de la formación de izquierda ante la tramitación de este texto de la Consejería de Presidencia, planteando la reflexión de que ese objetivo de la simplificación administrativa se está enfocando para los “grandes proyectos empresariales” más que en las pequeñas empresas, autónomos, familias, gestión de ayudas, ayuntamientos y entidades locales, o asociaciones del tercer sector que desarrollan labores de servicio público.

“Vemos con preocupación como el PP va a eliminar controles de dinero público o en la protección del territorio que serán la alfombra roja para fondos e inversores opacos y proyectos burbuja de los que Cantabria, desgraciadamente, ya tiene hemeroteca que nos ha dejado corruptelas y destrozos”, ha señalado Ruiz Salmón.

El coordinador de Izquierda Unida teme que con esta Ley el PP “ponga el turbo” a los “típicos proyectos del siglo que periódicamente llegan a Cantabria y acaban como acaban”, en “fiascos o estafas que acabamos pagando todos con nuestros impuestos”.

“Reducir trámites, sí; pero reducir controles, no, de ningún modo”, ha sentenciado el dirigente de la formación de izquierdas, que ha planteado “¿cómo de peor hubiera sido la estafa de Ecomasa con menos controles?¿qué más hubieran hecho con nuestra costa las constructoras de siempre, o los del Alto del Cuco, si encima lo hubieran podido hacer todavía más rápido?”.

Ruiz Salmón ha enfatizado que cuando el PP habla de simplificación, “sólo piensa en grandes proyectos y empresas”. Y ha enumerado como “hay muchas asociaciones que atienden a mujeres maltratadas, a migrantes o menores, que están saturadas de burocracia, hay autónomos a los que en Sodercan se les exige un nivel de papeleo propio de multinacionales con departamentos de contabilidad, y hay ayudas que tienen que pedir las familias (becas, vivienda, transporte, familias numerosas, que suponen un horror de tiempo, papeles, tecnología, y, por tanto, de dinero”.

En cualquier caso, ha cuestionado la “credibilidad” del PP a la hora de hablar de agilidad administrativa: “llevan más de un año para el decreto de los pisos turísticos, sin moratoria para hacer nuevos, por lo tanto, provocando que se encarezcan los alquileres; tienen la Ley de Vivienda en cola para dentro de un año y su llegada se tradujo en más retrasos para los ganaderos en los pagos de la PAC”.

Finalmente, Ruiz Salmón ha apuntado que “si el PP piensa de verdad en agilizar trámites para beneficiar a todos y no a proyectos concretos que le estén llegando, le basta con poner más personal en los departamentos que tramitan más ayudas o tienen más carga” porque “el dinero para burbujas se evapora, pero el personal público permanece y revierte en toda la sociedad”.

Y ha puesto como ejemplo la eliminación de controles para la cédula de habitabilidad: “el Gobierno ya no garantiza que las viviendas que se vendan o alquilen estén en condiciones dignas”. “Lo que debería hacer es contar con un cuerpo de inspección de vivienda que compruebe que no haya infraviviendas, que las empresas que hacen vivienda protegida las mantengan en condiciones de calidad, que los pisos turísticos tengan licencia y papeles en regla”, ha explicado, incidiendo en que “esa inversión en personal sería buena para todos porque ayudaría a que muchas familias no tuvieran que gastar de más en su vivienda, mejoraría la salud de las personas y abarataría de verdad los precios de los alquileres”.