Hace (hoy) dos años se ejecutó el desahucio en la vivienda de Héctor Setién y su familia en Gama, tras un préstamo que acabó convirtiéndose en un cambio de propiedad.

Y Héctor Setién sigue teniendo energía suficiente para mantener viva la causa judicial por la vivienda de Gama en la que residía con su familia hasta que se ejecutó su desahucio en 2022, en medio de un fuerte despliegue policial que incluyó su detención y una noche en el calabozo, sin poder retirar siquiera sus enseres personales.

Ejecutado el desahucio de Gama y detenido Héctor

Según viene explicando en medios y juzgados, durante todos estos años, desde que en 2018 se produjera el primer intento de desahucio, todo parte de la necesidad de la familia reformar la vivienda para adaptarla a la situación de su discapacidad, que les llevó a recurrir primero a un prestamista de Bilbao y luego a uno de Asturias para poder hacer frente a las necesidades de pago del primero (tenía que ser de golpe al año siguiente).

La operación, según recuerda en conversación con EL FARADIO, fue precedida de varias visitas a su padre a casa para sondear cómo estaba. E iba a consistir en que un tercero asumía la deuda pendiente por el préstamo original de la vivienda para así poder ir a negociar con el banco un nuevo préstamo en mejores condiciones, y de ahí se devolvería el dinero a quien había asumido esa parte. Pero a la hora de formalizar, eso, que se llama pacto de retroventa, se convirtió en una compraventa por parte del tercero, que registró la vivienda a su nombre, activándose a partir de ahí el proceso de desahucio. Héctor llama la atención sobre cómo en lugar de coincidir en la misma sala, el comprador estaba en otra, “visiblemente nervioso”. No tuvieron copia de la escritura hasta un año después, recuerda Héctor.

En el camino desde entonces fallecieron tanto el hermano como el padre de Héctor, que abanderó la defensa legal y pública de su familia y que sigue con la pelea en los juzgados, donde junto a cuatro afectados más ha presentado distintas acciones judiciales.

El tigre de Dávila Park

El ideal sería que se unifiquen todas en una, como en su día recomendó la Fiscalía Superior de Cantabria, que no obstante encomendó esa tarea a su homóloga asturiana, donde se acabó archivando.

A la causa de estafa Héctor quiere sumar la de blanqueo de capitales, llamando la atención sobre las distintas operaciones de compra de vivienda conjuntamente, a precios “ínfimos” emprendidas por el denunciado junto a otras partes.

Pero hay otra vía que están estudiando abrir y que afecta al préstamo original, es decir, la propia hipoteca de la vivienda con el banco, en la que han encontrado –como en tantas hipotecas en los últimos años, hasta el punto de que se llegó a abrir un juzgado específico- cláusulas abusivas. En ellas ve la posibilidad de anular el propio préstamo inicial, lo que afectaría a todo el proceso. Es decir, la refinanciación a la que se recurrió no sería por el extra de las obras, sino porque la hipoteca de por sí era una “bota al cuello”.

Y además se trabaja en cuestionar las cifras de la venta, en las que no se aceptó la cifra de tasación e incluso se justificó una rebaja del coste –algo que beneficiaba al comprador—por la propia presencia en la vivienda de la familia que residía allí.

Actualmente, la vivienda se encuentra a la venta a través de Aila, una agrupación de inmobiliarias de Laredo, a las cuales Héctor ya ha advertido del origen y los avatares que han rodeado al cambio de titularidad de la vivienda, con una querella activa todavía.

Y ha sido ahí, cuando la vivienda ha pasado a la venta (320.000 euros), cuando el precio ha pasado a ser el valor de mercado, el que invocaban Héctor y su familia, y no las cifras que se argumentaron en los procesos judiciales para restarle valor. La venta, con todo, no está resultando tan fácil e inmediata como otras ventas de vivienda en Cantabria.

DERECHO A LA VIVIENDA: GARANTIZAR EL ACCESO, PERO TAMBIÉN CONSERVARLA

En este punto, Héctor –a quien es fácil encontrarse en otros desahucios o reuniones sobre el problema de la vivienda- incide de que cuando se habla de derecho a la vivienda se habla de garantizar el acceso, pero “poco o nada se habla en la Ley de Vivienda del derecho a conservar tu vivienda, cuando el desempleo o la enfermedad han llamado a tu puerta y comienzas a ver como las pequeñas deudas se acumulan, convirtiéndote en un blanco fácil para usureros y buitres”.

Y recuerda que la usura sigue despenalizada  (retirada del Código Penal) desde 1995, de modo que “ante un caso de préstamo usuario, como mucho, el afectado podrá lograr la nulidad del contrato y la devolución de las cantidades pagadas en exceso, sin que el usurero llegue a ser condenado con pena de cárcel”. Por lo tanto, ¿si el castigo no es ejemplarizante, como se va a eliminar tal conducta?”, reflexiona Héctor.

Otro factor que añade es que si bien en el debate sobre la vivienda se identifica y sitúa a los fondos buitres, aquellos que compran vivienda por lotes para revenderla, muchas veces capital extranjero (con Black Rock como principal exponente).

En cambio, “parece que nadie se ha parado a pensar en que también tenemos buitres aquí, buitres con cara, nombre y apellidos, que  desde la crisis económica del 2008 se han hecho de oro adquiriendo las inasumibles deudas de los afectados por la usura, (como fue el caso de mi padre), en algunas ocasiones, mientras prometían operaciones de refinanciación que nunca llegaron (estafas)”. “¿Y a estos buitres quien les para los pies?”, inquiere.

Héctor despliega una serie de medidas que suponen toda una agenda (penalizar la usura con penas ejemplarizantes, endurecer las penas por delitos de estafa sobre la vivienda como bien de primera necesidad o prohibir la compra de vivienda a especuladores españoles), sin la cual duda que se pueda garantizar “plenamente” el derecho a la vivienda.