El estallido de la crisis financiera, aquella en la que el modelo de negocio era colocar productos complejos a personas vulnerables que necesitaban vivienda, activó también un potente movimiento de defensa liderado por las propias afectadas y que trabaja en dos velocidades: la siempre urgente de evitar el desahucio, las más de las veces a contrarreloj, y la necesidad de impulsar cambios legislativos que beneficiaran a lo colectivo.

Ese ritmo, que los aleja de movimientos puramente asistenciales pero también de los estrictamente retóricos,  es lo que se ha bautizado como el “doble horizonte de temporalidad política” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el estudio ‘La PAH: un movimiento popular contra la financiarización de la vivienda’, publicado en Cuadernos Urbanos.

El trabajo surge de cuestionarios a las asambleas de la PAH que mantienen su actividad en todo el Estado y es fruto del trabajo en equipo de Miguel A. Martínez, Javier Gil, Ángela García Bernardos e Inés Gutiérrez Cueli, cántabra investigadora de las dinámicas en vivienda, que apunta a las perspectivas de clase y género.

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LAS MÁS VULNERABLES

Si bien la PAH existía desde 2009, su trabajo tomó impulso en el período 2011-2014, en coincidiencia con la onda expansiva que fue el 15M, y llegó a tener más de 250 grupos activos.

Su nacimiento fue fruto de una evolución del mercado de la vivienda hacia procesos de financiarización, es decir, marcados por productos bancarios complejos: el movimiento se erigió en una lucha contra el sobreendeudamiento familiar, contra el peso de las finanzas sobre la economía real y contra nuevos actores en el mercado, como los fondos buitre o las SOCIMIs.

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La evolución que describe el estudio es un recorrido por la situación del mercado de la vivienda en la última década: desde el estallido de la burbuja en la que se construía e hipotecaba masivamente, hasta los desahucios por alquiler o las ocupaciones, o el fin de los alquileres sociales logrados en la primera ola sin que la situación económica de los perfiles más vulnerables se hubiera resuelto.

Si inicialmente la agenda les llevaba a actuar con ocupaciones bancarias o las acciones físicas para impedir el desahucio, o a solicitar daciones en pago (entregar la vivienda como forma de cancelar la deuda con el banco, sin que se mantuviera la deuda pese a no tener el bien) o condonaciones de deuda, para pasar a peticiones de moratoria de desahucios en caso de emergencia habitacional, alquileres asequibles o la ocupación de viviendas de la SAREB (el banco malo creado sobre las cenizas de los demás bancos para aliviarles del resultado negativo en sus balances de las viviendas que las constructoras levantaron de más y la banca hipotecó de más) o de otras entidades.

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El estudio hace hincapié –y cuantifica- en cómo la mayor parte de la gente que llega a la PAH no es sólo que sea afectada por hipotecas –es la esencia del colectivo, el protagonismo de los afectados sin tutelas. que pueden suponer hasta un 80% de sus integrantes-, sino en que el primer contacto es urgente, para evitar el desahucio, muchas veces inminente, cuestión de horas.

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Pero ese resolver el problema urgente coexiste con una lucha a largo plazo por cambiar las dinámicas de la vivienda, por conseguir que el derecho a la vivienda fuese más importante que el derecho a la propiedad: la PAH señaló lo injusto de los rescates bancarios y su agenda está detrás de medidas que acabaron sucediendo como la moratoria a los desahucios en la pandemia y sus prórrogas, o en la continuidad del movimiento a través de los Sindicatos de Inquilinas y luchas actuales contra los procesos de turistificación.

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DE VÍCTIMAS A PROTAGONISTAS

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El perfil coincide con las personas más afectadas por la explotación financiera, tanto durante el boom como después: y esas fueron fundamentalmente las mujeres migrantes y de clase trabajadora. La feminización se ha ido acentuando con el tiempo, y también es frecuente que haya espacios de cuidados en las propias asambleas, al ser habitual que se acuda con niños y adolescentes, y se ha extendido a su forma de funcionar, por ejemplo, en los turnos de palabra o en la asunción de roles que incluso en el activismo desarrollaban tradicionalmente hombres.

La presencia de migrantes es mayor que su peso en la población general, fruto de cuando se volvieron público preferente de las ofertas de créditos, hipotecas y productos complejos (y de sistemas de avales cruzados), si bien la cifra va reduciéndose. El protagonismo migrante es significativo, ya que en movimientos sociales tendía a concentrarse en el antirracismo de forma específica.

Son las familias más empobrecidas del país y endeudadas del país: el estudio mide una evolución en la que la crisis de vivienda va a peor, partir de 2018  alquileres o hipoteca se comen más de la mitad de los ingresos del hogar, una barrera que antes se rozaba. Y eso se traducía en problemas de salud, con casos frecuentes, sobre manera entre mujeres, de ansiedad estrés y depresión, así como diabetes, problemas de dentición y bucodentales graves, y trastornos circulatorios y de movilidad

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La relación con el propio desahucio permite una mayor capacidad de incorporación de nuevos activistas, si bien también supone el riesgo de que una vez evitado el compromiso se relaje. .Con todo, hay muchos perfiles de personas que han continuado el activismo después, aportando lo que supone una esencia de la PAH, su experiencia para otros casos, alcanzando altos niveles de eficacia en los procesos de ayuda.

El camino emprendido en la ayuda ante el desahucio se acaba convirtiendo en un acompañamiento mutuo: las activistas de la PAH se apoyan entre sí, por ejemplo, para solicitar becas escolares de comedor, reclamar prestaciones sociales, obtener alimentos o un calentador para el piso, solucionar la falta de agua caliente o de electricidad, o conseguir inscribirse en el padrón municipal.

UN 65% DE TASA DE ÉXITO

El estudio trata de poner números, con todas las dificultades que supone ser algo casi en tiempo real y que depende más de la memoria que de un registro al uso: 39 asambleas habrían paralizado un total de 3.818 desahucios, de los cuales el 67% habrían sido paralizados antes de la fecha de desahucio (mediante negociaciones, recursos legales, etc.) y el 32% se habrían impedido en la puerta el día del lanzamiento (con acciones de protesta, bloqueos, negociaciones in situ, etc.). En cuanto a la proporción de desahucios parados en relación al número total de los procesos de desahucio gestionados, la tasa de éxito ascendería a un 65%.

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El 68% de los desahucios gestionados por las asambleas de la PAH son propiedad de los bancos, el 12% pertenecen a fondos de inversión, el 7% a pequeños propietarios de viviendas (con menos de 5 viviendas en propiedad), el 6% a grandes propietarios de viviendas (con 5 ó más viviendas en propiedad), el 5% a la SAREB y el 2% a empresas inmobiliarias.

Según entidad financiera, el 21,5% de los desahucios gestionados por las asambleas correspondían a Catalunya Banc, el 21% al BBVA, el 17% a Bankia, el 13,5% a CaixaBank, el 13% a Santander, el 6% al Banco Sabadell, el 5% al Banco Popular y el 3% a Kutxabank. En cuanto a los desahucios por fondos y gestores de inversión (incluidas SOCIMIs), el 36% de los desahucios a los que se enfrentaron las asambleas estaban en propiedades gestionadas por Blackstone, el 21% por Cerberus, el 16% por la SAREB, el 10% por Lone Star, el 10% por Oaktree, el 7% por Azora y el 0,3% por Vivenio.

Los bancos han ido reduciendo los alquileres sociales: entre 2009-2012 llegaron a ser el 92% y en 2018-20, son del 58%.

En cualquier caso, el repaso a la burbuja asusta (y transmite una preocupante sensación de falta de aprendizaje: en los años álgidos del ciclo (2000-2006) se construyeron más de cuatro millones de viviendas (más que en Alemania, Italia y Francia conjuntamente para el mismo periodo), lo cual supuso alrededor de un 20% del parque inmobiliario. Los precios de la vivienda se duplicaron hasta un 123% y el endeudamiento de los hogares aumentó un 172%