La primera Ley estatal de Juventud busca implicar al conjunto de las instituciones en la garantía de los derechos de los jóvenes “vivan donde vivan”
La primera Ley estatal de Juventud busca trascender los límites de las paredes del Ministerio e implicar al conjunto de las instituciones en la garantía de los derechos de las personas jóvenes “vivan donde vivan”, según explicaba en conversación con EL FARADIO Margarita Guerrero, directora general del INJUVE (Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia que encabeza Sira Rego).
Es decir, por un lado es la primera vez que se legislará a nivel estatal sobre juventud, ámbito en el que hay distintas legislaciones autonómicas, y por otro se quiere extender el foco de acción más allá de los campos con los que tradicionalmente se han vinculado las políticas de juventud como el asociacionismo o la participación.
Para ello, se trabaja en crear indicadores que permitan medir y evaluar las políticas de juventud que desarrollen otras áreas del Gobierno y “generar obligaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de derechos” para las personas jóvenes.
Y se observan experiencias que buscan garantizar el bienestar de las generaciones futuras, como la Ley aprobada –aún no desarrollada- en Baleares, figuras como el Comisionado para las Generaciones Futuras que existe en Gales o la obligación de pensar en ellas que está expresamente mencionado en la Constitución de Kenia.
Es un legado que se recoge directamente de los movimientos climáticos, dentro de los encuentros que vienen desarrollando el INJUVE y el Consejo de la Juventud de España para escuchar a colectivos juveniles, en colaboración con los consejos autonómicos y que esta semana les llevaba a Castro Urdiales.
Son encuentros que se desarrollan por todos los territorios, como fórmula también para abarcar las diferentes realidades que viven las personas jóvenes en zonas con dificultades de comunicación, riesgo de despoblación o con incertidumbre para el desarrollo de proyectos de vida que llevan a muchas generaciones a una migración interna a Madrid.
Porque esas, la vivienda o el transporte (tanto interior como hacia fuera del territorio) son algunas de las principales reivindicaciones que les vienen trasladando, junto a la necesidad de mejores servicios para luchar contra la despoblación.
En el medio rural se percibe una pulsión de participación que se traduce o bien en asociaciones convencionales, o bien en movimientos sociales u organizaciones que trabajan en el campo del ocio o la cultura,apuntaba Margarita Guerrero, miembro de Izquierda Unida y que fue la primera concejala migrante –nació en Ecuador- en el Ayuntamiento de Murcia
RIESGOS EN VIVIENDA O EMPLEO
Pendientes de la preocupación por la precariedad del mercado de trabajo para los jóvenes y el riesgo de su normalización, la directora del INJUVE valoraba el reciente paso de GLOVO de contratar a los repartidores riders a los que forzaba a ser falsos autónomos (cuando tienen horarios fijos, uniformes y otros elementos que les asocian más claramente al mundo de los trabajadores asalariados que a un autónomo que ofrece sus servicios para sí mismo pudiendo, por ejemplo, ofrecer sus propias tarifas). Y que, recalcaba, era posible gracias a la legislación específica.
Dentro de esta ‘uberización’ de la economía y la lucha contra la precariedad a golpe de algoritmo, también se refería al fenómeno de los falsos becarios, estudiantes de prácticas que acaban desarrollando funciones de trabajadores en lugar de estar en un proceso de formación, pero sin la protección y cobertura de cara a cotizar o desempleo que supone tener un contrato de verdad.
En este sentido, se refería al Estatuto del Becario, que quiere acabar con estas prácticas, y que ha superado la fase de consulta pública previa (la recepción de aportaciones) para pasar a la consulta en base al documento que pactaron los agentes sociales. El de los becarios, señalaba, es un colectivo que no denuncia los abusos cuando se producen por la propia precariedad de su situación, pero además de reconocer derechos a quienes lo hayan sido se busca también detectar los lugares donde no se está cumpliendo la norma para adelantarse.
Respecto al acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones que trasladan las personas jóvenes, recordaba la reciente propuesta de Sumar de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos en materia de alquiler vacacional y también que las comunidades autónomas disponen de un “instrumento” para luchar contra el descontrol de los alquileres como es la Ley de Vivienda y la posibilidad de declarar municipios como zonas tensionadas en las que se puede controlar los precios.
LAS PROFECÍAS AUTOCUMPLIDAS
Finalmente, la directora del INJUVE reivindicaba el protagonismo de las personas jóvenes en los movimientos y asociaciones de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente o en el feminismo, haciendo hincapié en que una tercera parte del voluntariado lo desarrollan jóvenes y su implicación en la reconstrucción tras la DANA en Valencia.
“Hay movimientos que defienden otro mundo más justo y no tienen la misma visibilidad del algoritmo”, afirmaba, advirtiendo del riesgo de que muchos “estereotipos” se acaben convirtiendo en “profecías autocumplidas” y matizando que eso no significa que no haya problemas con la difusión de discursos machistas o de ultraderecha de forma organizada en redes sociales o You Tube.
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