Los juzgados no parecen darse por enterados del argumentario que presenta como imposible echar a un inquilino de su vivienda si no paga en ninguno de los casos: entre julio y septiembre de 2024 hubo 35 desahucios de inquilinos, lo que supone un incremento del 34,6% respecto al mismo período del año anterior.

De hecho, son los desahucios a inquilinos los que concentran la inmensa mayoría del total de desahucios en ese período: fueron en total 40 los lanzamientos, con un incremento del 33,3%.

Así lo recoge el informe que el poder judicial elabora sobre los efectos de la crisis en los juzgados –a los que acaban llegando despidos, concurso de acreedores, deudas o pérdidas de vivienda—y  que desde hace varios años se viene elaborando trimestralmente, lo que permite hacer seguimiento.

Cuando las más vulnerables pasaron de la emergencia a ser protagonistas políticos

Ya hace tiempo que esta estadística detectó que, tras la primera oleada de la crisis financiera, los desahucios empezaban a llegar a los alquileres.

Ahora prácticamente los acaparan, después de que las subidas de tipos o las restricciones de crédito estén dificultando el acceso a la vivienda en propiedad y desplazando los problemas de vulnerabilidad a los alquileres.

Los lanzamientos de viviendas en propiedad, los que responden a ejecución hipotecaria, no sólo son menos y minoritarios (2 casos), sino que son los mismos que un año antes, frente al incremento en los alquileres.

Eso en cuanto a lo ejecutado, lo consumado, pero a lo largo del tercer trimestre de 2024 los juzgados civiles de Cantabria recibieron 68 demandas de ejecución hipotecaria, un 134,5 por ciento más que un año antes (29).

MÁS DESAHUCIOS DE INQUILINOS QUE OCUPACIONES

Los datos de la realidad del día a día de los juzgados evidencian que efectivamente se producen desahucios de inquilinos, fenómeno que niegan voces que han hecho de la teórica imposibilidad de echar a uno un discurso político con el que se niega el deseo de cualquier propietario de poner su piso en alquiler –al haber más pisos en alquiler, así bajarían los precios, preconizan estas visiones, que obvian, según su propia teoría, la reducción de viviendas disponibles para las familias que suponen las que se dedican a pisos turísticos-.

Esa misma realidad sitúa  en su dimensión el problema de las ocupaciones (a menudo bajo esa palabra se esconden dos situaciones legales distintas: los retrasos de pago de inquilinos o las casas que directamente son ocupadas por gente que no es quien la compró): el tercer trimestre del año, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 6 demandas por ocupación ilegal de vivienda, mientras que en ese mismo período hubo 40 desahucios consumados y 68 demandas de ejecución hipotecaria, susceptibles de convertirse en futuros desahucios.

MÁS ASUNTOS

A los juzgados llegan más cuestiones ligadas al impacto de las dificultades económicos en particulares, familias o empresas: los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas subieron  un 42,8 por ciento; se presentaron 76 concursos de acreedores en la modalidad que NO es de empresas, sino de personas –fue un descenso, y también bajaron los de empresas-. Finalmente, los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron 331 demandas por despido, lo que representa un descenso del12,4 por ciento respecto a los presentados un año antes (378).