Los fantasmas de los errores pasados visitan la Casona
Seguramente en el Ayuntamiento de Santander estén deseando cometer errores nuevos, porque de momento lo que hay es un atasco considerable en los errores que se vienen arrastrando y asumiendo de su propia gestión.
Uno de los más duros, casi fundacional, es el del modelo urbanístico: distintos medios de comunicación publicaban este fin de semana que la Audiencia Nacional rechazaba el intento del Ayuntamiento de que fuera el Estado quien corriera con los gastos de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2012.
La sentencia, además, desmonta dos ejes del argumentario del PP en torno a esto: el equipo de Gobierno municipal subcontrató a una empresa privada –APIA, en la que trabajó previamente el exalcalde Íñigo de la Serna—la redacción del documento que rige el urbanismo en la capital. Y cuando los juzgados lo anularon, el PP se aferró a que el motivo de la anulación fue a su vez por la anulación del bitrasvase de agua, estatal. La Audiencia Nacional le dice al Ayuntamiento lo que ya dijeron muchas voces en tiempo real: que cuando el PP aprobó el Plan General ya sabía que había un recurso sobre el bitrasvase y aún así tiró para adelante. Y de paso le traslada al Consistorio que podían haber hecho el plan con sus propios medios, sin recurrir a una empresa.
El PGOU se aprobó pese a tener una sentencia de la Audiencia Nacional contra el bitrasvase
Desde el PSOE, su portavoz municipal Daniel Fernández apuntaba precisamente a ese factor, la constante externalización de servicios por parte del PP local: “por privatizar, privatizaron hasta la elaboración del PGOU”, además de recordar que dos legislaturas enteras después de la anulación “Gema Igual y el PP han sido incapaces de sacar adelante la elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad”, ni tan siquiera el pliego.
Yendo al fondo del plan, recordaba que en él se “hacía un planeamiento de Santander no solo irreal sino también desequilibrado e insostenible que no respondía a las necesidades de la ciudad ni a un dibujo real de su futuro desarrollo y se basaba más en las ansias de especulación del PP que en la realidad de crecimiento poblacional de la ciudad”.
El Ayuntamiento forzó cálculos y priorizó ingresos para someter el Plan General a revisión
Santander descartó la planificación urbanística que no daba ingresos
En esa misma línea de la relación entre servicios públicos y adjudicaciones a empresas privadas, este lunes se anunciaba que se daba curso a la licitación del servicio de basuras –el PP se refiere a ello como ‘de limpieza’—que lleva tres años en una adjudicación de emergencia tras resolverse el contrato con la anterior empresa, ASCAN, a quien se le había dado el contrato dos veces seguidas encadenando sendas bajas económicas.
Los incumplimientos en el servicio se reflejaron en suciedad, deterioro y quejas vecinales y políticas que llevaron a esa resolución y a una judicialización no totalmente resuelta, al igual que los temas de limpieza que sigue sin haber mejorad la actual empresa Prezero, mientras el pliego con el que adjudicar el servicio por concurso ´–y no a dedo, como está ahora en emergencia- se atascaba por errores municipales o recursos judiciales.
Y sin tener resuelto ni en términos administrativos ni de calidad de servicio el problema de las basuras, el Ayuntamiento anunciaba no sólo nuevas sanciones a Légamo, la empresa de parques y jardines, también adjudicataria del servicio a la baja –14 infracciones por importe total de 160.000 euros–, sino, directamente, la resolución del contrato, es decir, el fin de la relación antes de tiempo, lo que abre un camino que llevará a elaborar un nuevo pliego y licitar un nuevo servicio.
