Los trabajadores de Cantur, la empresa pública que gestiona nueve instalaciones turísticas en la Comunidad Autónoma, llevan semanas protestando contra la privatización de La Corza Blanca, el hotel situado en la estación de Alto Campoo y los servicios de hostelería que se encuentran junto a las pistas.

Según ha explicado la dirección de Cantur, la empresa pública responsable de las instalaciones turísticas, el acuerdo con SNÖ Hotels tendrá una duración de 3 años, prorrogable anualmente hasta 12 años y con una duración máxima de 15 años.

Por este arrendamiento, SNÖ Hotels abonará a Cantur una renta mínima garantizada de 90.000 euros el primer año; 110.000 euros, el segundo; el tercer año, 125.000 euros y el resto de años, 125.000 euros más el IPC. Asimismo, se contempla una renta variable adicional que será del 14% de los ingresos netos (impuestos deducidos) obtenidos por SNÖ Hotelspor la explotación de los negocios arrendados.

Desde el Ejecutivo se viene insistiendo en que las instalaciones arrastran un déficit de 4 millones de euros en los últimos 5 años, lo que no ha impedido que este grupo hostelero quiera gestionarlo.

Cobo explica que la afectación de este cambio del ejecutivo regional puede llegar hasta las 60 o 70 personas trabajadoras contratadas a través de las bolsas de empleo de Cantur. El camino emprendido ahora en Alto Campoo teme que sea replicado en otros lugares que dependen de la empresa pública, como dice en una entrevista concedida a EL FARADIO, dentro de la sección ‘En lucha’, en colaboración con UGT Cantabria.

El representante de UGT Cantabria certifica que hay «preocupación» entre la plantilla directamente afectada por el cambio, primero porque pasan a ser contratados con unas «condiciones inferiores» y porque ven que ya no hay personal de Cantur trabajando allí. La plantilla no directamente afectada teme que sí pueda verse afectada en el futuro.

El sindicato defiende que «es posible dar un cambio a la situación económica, que haya un plan de actuación para revertir las pérdidas. Los trabajadores no tienen la culpa» delo sucedido, y por eso les parece injusto que acaben siendo ellos quienes paguen las consecuencias.

Cobo recuerda que el consejero de Turismo, Luis Martínez, dice que no es una privatización, pero cabe la posibilidad de que la empresa gestione estos espacios durante 15 años. También asevera que los servicios jurídicos de UGT están analizando de qué manera se ha producido el acuerdo entre Gobierno y empresa, por ver si puede haber alguna irregularidad en algo que les suena más a concesión que a arrendamiento y que podría haberse resuelto de manera incorrecta.

Lo que también resalta Cobo es que «esto se venía trabajando durante meses y el Comité de Empresa lo desconocía». De ahí que haya preocupación e incluso indignación entre los trabajadores, porque han seguido con sus funciones son saber lo que estaba por ocurrir. UGT dice temer que esto mismo pueda pasar en otros casos, por mucho que el consejero niegue que esa vaya a ser la dirección, porque esa es una declaración que no supone «ninguna garantía».

Cobo recuerda que la próxima movilización que han planteado los sindicatos por esta privatización de servicios será el día 21 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. La plantilla estará manifestándose, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en los accesos del Parque, para «hacer visible su descontento».