El pasado 3 de diciembre, el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santander dictó una nueva sentencia sobre otro recurso de la empresa Laherrán en la localidad de Arce (Piélagos), quien mantiene en actividad desde el año 1950 una cantera y una planta de tratamiento de áridos que carecen de licencias municipales.

Según explica Ecologistas en Acción Cantabria, que lleva años luchando en los tribunales contra esta instalación, en la sentencia, el Juzgado rechaza la pretensión de la empresa de continuar la actividad en la planta de tratamiento de áridos, después de recibir la orden de cierre el 25 de febrero de 2016.

Esta orden de cierre se produce como consecuencia de la denuncia presentada en el ayuntamiento de Piélagos por Ecologistas en Acción en el año 2015, a petición de varios vecinos y vecinas de la localidad de Arce.

«Parece imposible que un acuerdo municipal adoptado en el año 2016, todavía no se haya ejecutado, pues a día de hoy la empresa Laherrán sigue realizando actividad extractiva en la cantera y transformando la piedra en su planta de áridos, a pesar de múltiples denuncias de vecinos y de nuestra asociación», denuncian desde la organización ecologista.

Y aseveran que «esta empresa sigue funcionando debido a la irresponsabilidad municipal de los diferentes gobiernos que han estado al frente del Ayuntamiento de Piélagos».

Como se pone de manifiesto en esta sentencia, tanto Ecologistas en Acción como los vecinos afectados “presentan diversos escritos insistiendo en que la resolución de clausura es firme pero el ayuntamiento, en vez de materializarla, reitera una y otra vez la misma orden y resolución sin llevar a cabo su ejecución material.”

E inciden en que la sentencia es clara señalando la irresponsabilidad municipal cuando afirma que “el Ayuntamiento, en este dilatadísimo expediente respecto de cuya duración ya se ha pronunciado la Sala, vuelva a incurrir en prácticas perniciosas que, además de implicar la falta de ejecución de sus actos firmes, motivan nuevas posibilidades de recursos por parte del destinatario de los mismos.”

Pero la sentencia no solo critica la inacción municipal, sino que señala la actitud de la propia empresa que se niega a obedecer la orden municipal de cierre de las actividades desde el año 2016: “…Respecto de la oposición del destinatario de la orden, es habitual que la administración tenga que lidiar con la falta de colaboración, oposición jurídica y material del interesado.”

Esa negativa reiterada se puso de manifiesto de modo intenso cuando el representante de la empresa intentó impedir el precinto del acceso a la cantera; una vez puesto el precinto, la empresa lo rompió y continuó realizando sus actividades hasta el día de hoy.

La sentencia recuerda al Ayuntamiento que tiene instrumentos legales para la ejecución forzosa de la sentencia.

«Es un despropósito que el ayuntamiento de Piélagos esté mareando la perdiz durante casi nueve años, sin atreverse a ejecutar su propio acuerdo de cierre de las actividades, aunque la empresa se haya negado reiteradamente utilizando diversos subterfugios que el ayuntamiento no ha querido solucionar, a pesar de contar con todo el Estado de Derecho para hacer cumplir sus resoluciones», insisten desde Ecologistas en Acción Cantabria.

La sentencia, de hecho, señala expresamente que “… lo que no tiene ningún sentido es que(…), declare la clandestinidad de una actividad y ordene su cierre y, después, para la ejecución de ese acto, la administración vuelva a hacer una simple declaración».

El resultado, que «las actividades ilegales de la empresa siguen en funcionamiento debido a los continuos recursos presentados por la empresa desde el año 2016 que, como señala el juzgado, han sido favorecidos por los distintos gobiernos municipales».

El Juzgado llega a decir sobre la gestión del Ayuntamiento que «la tramitación del expediente es caótica, confusa, carente de sistemática y generadora de los conflictos que amparan los constantes recursos.”

«Lógicamente, vamos a reiterar una vez más el cierre y clausura de las actividades ilegales después de esta nueva sentencia, que esperamos se lleve a cabo. En paralelo, continúan las diligencias penales contra la empresa Laherrán por desobediencia, a lo que vamos a añadir otra denuncia penal contra el ayuntamiento por la actitud dilatoria en la ejecución del cierre y precintado de las actividades ilegales», avanzan.