La Audiencia Provincial de Cantabria tiene esta semana dos juicios por agresiones sexuales, un goteo que cada semana deja al menos un caso en el que lo más habitual es que los ataques procedan de entornos conocidos: familiares, personas cercanas al hogar, colegio o instituto.

Esta semana el primero de ellos será este mismo lunes a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de quince años a la que abordó en los exteriores de un supermercado en Castro Urdiales.

Explica el ministerio fiscal en su escrito de acusación que el hombre conocía de vista a la chica y que se dirigió a ella para y la besó en la boca sin su consentimiento.

La menor reaccionó “con profundo desagrado, comenzando a llorar y abandonando el lugar para pedirle ayuda a su familia”.

Los hechos constituyen, a juicio de la fiscalía, un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de dos años de prisión, cinco años de prohibición de comunicar con la chica, diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad y doce años de inhabilitación para desempeño con menores.

En concepto de responsabilidad civil, considera que el acusado debe indemnizar a la menor en 1.000 euros por el daño moral que le ha ocasionado.

El siguiente juicio es el martes  a las 10.00 en la Sección Tercera, contra un hombre acusado de realizar tocamientos a una mujer cuando ambos se encontraban en una discoteca de Santander.

Explica la fiscalía en su escrito que el acusado había pedido amistad a la chica en Instagram y que la había abordado ya anteriormente en un bar una noche. En ambas ocasiones, la mujer le había rechazado.

Sin embargo, el acusado “con idea de satisfacción sexual” el día de los hechos enjuiciados “le metió mano bajo la falda” tocándole-

La mujer pidió ayuda al servicio de seguridad del local y uno de sus miembros pidió al acusado que abandonara el establecimiento, lo que este hizo sin pedir explicaciones del motivo.

La mujer “padeció una lesión psíquica derivada del trastorno adaptativo procedente del estrés postraumático en grado moderado causado por los hechos”, explica el ministerio público.

El acusado es considerado por la fiscalía autor de un delito de agresión sexual, merecedor de dos años de prisión, cinco años de libertad vigilada, cinco años de alejamiento y prohibición de comunicar con la mujer, y otros cinco años de inhabilitación para cualquier desempeño con menores.

En concepto de responsabilidad civil, considera el ministerio fiscal que el acusado debe indemnizar a la mujer en 14.248 euros por la curación y las secuelas que padece.