Quienes trabajan con víctimas de violencia de género, sea en juzgados o en asociaciones,  se han topado muchas veces con las consecuencias de un derecho de los acusados: en todo juicio, familiares o pareja del procesado pueden renunciar a declarar como testigos.

En un caso de violencia de género, este derecho, que se conoce como dispensa, supone que no se pueda contar con un testimonio clave, el de la propia víctima, que muchas veces renuncia a declarar por miedo a las represalias, la incomodidad del propio proceso judicial o las relaciones de dependencia económica o emocional con el acusado (aspecto en el que trabajan muchas asociaciones)-

Poniéndole números a este fenómeno, detrás de muchos de los sobreseimientos de denuncias (el fin de un proceso sin siquiera acabar en sentencia en uno u otro sentido por falta de algún trámite), que todavía llega a un 41% respecto al total, se detectan avances: durante el tercer trimestre de 2024 descendió, con respecto al anterior, un 65% el número de mujeres que se acogió a esa dispensa y, por lo tanto, finalmente aportó su testimonio en el juicio. La cifra, además, bajo del centenar.

Según el informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales de Cantabria registraron durante el tercer trimestre de este año 2024 un total de 649 denuncias por violencia de género, lo que representa un aumento del 2,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2023 (635) y supone algo más de siete denuncias al día.

El seguimiento periódico de los datos permite tanto medir la evolución como enterrar tópicos: frente al de la sobreprotección sin cuestionar nada, lo cierto es que se dejaron de conceder el 40% de las medidas de protección solicitadas. La cifra baja en los juzgados de guardia –que atienden por las tardes y fines de semana, muchas veces en situaciones de emergencia-, cuando sólo el 22% se dejan sin atender.

El informe del Observatorio revela que de julio a septiembre fueron enjuiciados en Cantabria un total de 253 hombres por violencia de género, de los que 194 obtuvieron sentencia condenatoria (el 76,7 por ciento).

Al analizar la relación que existía entre denunciante y víctima en el momento de producirse la supuesta agresión, en la mayoría de las ocasiones (el 63,11 por ciento de los casos) la relación se había roto.

Otra consecuencia de las circunstancias asociadas a la violencia de género es que muchas veces el proceso no se activa por las denuncias de la víctima, lo que lleva a que haya mucha infradenuncia. En este sentido, memorias del Poder Judicial y Fiscalía vienen detectando un cambio, el que la red de apoyo de la familia, amigas o vecinas, o profesionales con formación (de la medicina o fuerzas del orden, por ejemplo) los que impulsan la denuncia que lleva al juicio: el 40,8 por ciento de las denuncias llegaron al juzgado por vías ajenas a la propia víctima.