La recuperación del proyecto para construir la segunda escollera en la playa de Los Peligros-La Magdalena, decisión congelada durante años después de que se finalizara la primera y confirmada la semana pasada por el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Transición Ecológica, tendrá un efecto más allá de la propia construcción de esta infraestructura concebida para evitar las pérdidas de arena y criticada por un impacto visual que seguirá sin salvar la necesidad de los rellenos periódicos.

Este dispositivo –una de las opciones que daba el IH, no la única, aunque sí la de mayor impacto– permitirá blindar un camino privado en una de las fincas particulares junto a la playa.

Las escolleras servirán a Elena García-Botín para ‘sacar’ de su finca un camino público

Pegada a la playa, está la finca de Elena García-Botín, prima del fallecido Emilio Botín y que fue miembro de la Junta Directiva Bacional del PP, quien encargó en su día unas obras de urgencia para para levantar una escollera privada que protegiera el muro de su vivienda, en línea de playa, que se había venido abajo tras un temporal.

Por la finca pasaba un camino que, por la Ley de Costas, debería ser público. Es lo que se conoce como zona de servidumbre de tránsito, que según la Ley de Costas se establece seis metros hacia el interior desde la línea máxima de marea (que en esa zona de la Magdalena, junto al Balneario, es el muro de la propiedad) y según los planos atraviesa el jardín de su casa, a escasos metros de su piscina.

El proyecto de los diques implicaba que se ganarían hasta 40 metros de arena seca, según los expertos ligados al proyecto.

Ganar metros al mar supondría alejar la línea de marea máxima del muro de la propiedad de los García-Botín y Pérez-Maura, y en consecuencia, a futuro sacar la línea de servidumbre de tránsito de su parcela.

Si la playa ganaba cuarenta metros de arena seca como se plantea en el proyecto, se desplazaría la servidumbre de tránsito hacia el sur, hasta hacerlo salir de la finca privada.

Según planteó entonces el abogado Javier Gómez-Acebo, miembro de la plataforma Salvar La Magdalena, sucesivas actuaciones tendieron a colocar la pasarela ciclista de madera sobre arena ganada a la playa que habitualmente ha tenido que volver a ponerse ante la acumulación de temporales. Al colocarse encima precisamente de la escollera privada se justificó el uso público.

Ese tipo de “obras de defensa” frente a la “invasión del mar” fue una posibilidad abierta por la reforma de la Ley de Costas del PP EN 2013, e implica el pago de un canon por lo que no dejaba de ser construir en dominio público marítimo-terrestre.

Hubo debate, que llegó a los tribunales, sobre el concepto del canon: fijado en 40.000 euros anuales durante 15 años (total: 800.000) , aplicando la Ley y el uso residencial del bien a proteger, como defendió la Abogacía del Estado, frente al criterio que empleó la ponente de la sentencia del TSJC, la magistrada Paz Hidalgo que al verlo “desproporcionado” optó por emplear la media de las concesiones en el subsuelo del dominio público marítimo terrestre en el término municipal de Santander, quedando en 10.041 euros durante 10 años –cuatro veces menos al año que el cálculo inicial- y pasando de 800.000 a 100.000.

También según la Ley de Costas, se puede pedir una nueva delimitación, un nuevo deslinde, en el caso de que haya alteraciones que modifiquen esos límites.

Así, si la playa gana cuarenta metros de arena seca como se plantea en el proyecto, se desplazaría la servidumbre de tránsito hacia el sur, hasta hacerlo salir de la finca privada.

Como ya publicó EL FARADIO, el informe del Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Eugenio Neira, cuestionaba la alternativa elegida por Costas, también apuntaba que los terrenos ganados al mar se tendrían que incorporar al planeamiento urbanístico municipal.

Pero la propia Ley de Costas que aprueba la mayoría absoluta del PP en mayo de 2013 establece que es la propiedad privada la que tiene que construir estas infraestructuras de defensa, aunque para ello tengan que invadir el terreno público.

Así fue en el caso de Elena García-Botín, que recurrió el canon establecido por la construcción privada en la playa de una escollera para defender el muro de su casa, tras el temporal del 2 de febrero de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estimó parcialmente su demanda, por lo que la familia evitó el pago de 800.000 euros en 15 años.

Elena García-Botín es la prima del difunto Emilio Botín, ahijada de Emilio Botín padre. Fue diputada de Alianza Popular y hasta otoño de 2014 permaneció en la Junta Directiva Nacional del PP. Sus hijos son descendientes del político de la Restauración, Antonio Maura (cinco veces presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII) y herederos de la naviera Pérez y Cía, una de empresas que más facturan del país.

Uno de ellos, Ramón Pérez Maura, es director adjunto de ABC, el buque insignia del Grupo Vocento al que pertenece El Diario Montañés. En ambos periódicos ha defendido el proyecto de las escolleras y ha criticado a los movimientos de protesta.

LOS VAIVENES

Si finalmente se construye la escollera, se acabarán años de vaivenes argumentales. Para empezar, los del propio PP, que en informes municipales criticó el proyecto por su impacto visual, para luego apropiárselo y escudarse en los informes del IH –que desplegaban varias opciones–, para renunciar a él a petición de Ciudadanos –que recogió así la oposición ciudadana- con el fin de garantizarse la investidura como alcaldesa cuando no tenía la absoluta. Y después, volver a reclamarla.

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La finalización del proyecto, la segunda escollera, fue anunciada en su momento por el diputado en el Congreso por el PSOE, Pedro Casares.

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