La asociación en defensa de una mejor movilidad, Cantabria ConBici, recuerda al Ayuntamiento de Santander que 2025 debe ser el de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE, una figura que implica restricciones al tráfico en las ciudades como forma de reducir las emisiones), y que para hacerlo debe implicar eso, restricciones al vehículo, ya que de lo contrario se perderán las ayudas económicas europeas y estatales que van condicionadas a ese objetivo.

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El colectivo hace un balance de 2024 en materia de movilidad sostenible en el que destaca los avances producidos en varios ayuntamientos, como Astillero, Reinosa o Santander, con la extensión de los kilómetros de carril bici, así como las medidas para la pacificación del tráfico.

También se refieren a distintos proyectos, como la humanización de las carreteras estatales N611 y N623 (proyectos del Gobierno central), junto a itinerarios ciclistas en Cueto, Monte o San Román, si bien observan que no se ha vuelto a hablar del carril bici en la S-20 desde que el Ministerio de Fomento tumbó definitivamente el aparcamiento disuasorio (sic) de El Sardinero, precisamente porque los cambios que incluyó el Ayuntamiento no encajaban con el proyecto que había presentado a las ayudas europeas.

Destacan también la extensión de aparcabicis en Santander o Piélagos, y el inicio del alquiler de bicicleta eléctrica en Torrelavega, “pionera” en Cantabria, o Santander, en donde llaman la atención sobre que su precio de alquiler no es asequible para residentes y se enmarca en una sobreatención general a los usos turísticos para las políticas de movilidad.

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Abundando en las Zonas de Bajas Emisiones, recuerdan que Torrelavega ya cuenta con una ordenanza reguladora para una figura que es obligatoria por Ley, mientras que en Santander la alcaldesa asegura descartar una zona central sin tráfico aludiendo a los datos de las estaciones de medición de aire instaladas con ese fin y a una supuesta falta de indicadores de contaminación. Y cuyos resultados, alertan desde Cantabria ConBici, “se mantienen ocultos a la ciudadanía a pesar de la solicitud de colectivos sociales como las Mesas de Movilidad del Arco de la Bahía”.

En cualquier caso, aclaran al Ayuntamiento, emplazándole a consultar el informe de, pasado mes de diciembre del Defensor del Pueblo, que las zonas de bajas emisiones implican restricciones al tráfico, porque no se basan en la mejora de la calidad del aire a la que se refiere la alcaldesa en base a los datos no consultables, sino que el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el tráfico. Y de todos modos las restricciones son condición para el acceso a las ayudas al transporte público municipal, insiste Cantabria ConBici, que suma otros retos de la agenda de movilidad: la necesidad de aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad, una nueva ordenanza de aparcamiento más ambiciosa que reserve zonas de aparcamiento regulado para residentes, una trama ciclista coherente que libere las aceras; y un Plan de Movilidad “que logre una ciudad más habitable, limpia, segura y transitable”.