Sucedió de forma casual, como repaso de lo que se encuentran en el día a día de muchas juezas, magistradas y fiscalas y acabó convirtiéndose en un trabajo colaborativo y un ejercicio de justicia restaurativa en el que se da voz a víctimas de violencia de género.

Es ‘Hijas del miedo’, el libro en el que desde dentro de los juzgados la Asociación de Mujeres Juezas de España editado por Planeta, y con prólogo de Cristina Orantes, hija de Ana Orantes, la primera víctima de violencia de género en España que hizo pública su situación, en una entrevista televisiva.

Un trabajo que presentaba este jueves en el Ateneo de Santander Cristina Meré, integrante de esta asociación y también de Jueces para la Democracia, cántabra que ejerce en Cádiz.

Cada capítulo está escrito por una jueza, magistrada o fiscala, que repasan casos o historias que han conocido de cerca, a veces cambiando la historia real, abarcando distintas realidades de la violencia de género, aquella que sufren las mujeres por el hecho de serlo, como la violencia económica –el control a través de la dependencia en las finanzas-, la vicaria –aquella que se ejerce de forma indirecta, haciendo daño a personas queridas por la víctima, como los hijos- , la obstétrica o la que empieza a preocupar entre las parejas adolescentes.

“LOS ADULTOS Y LA SOCIEDAD TENEMOS QUE VER LAS SEÑALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO O RELACIONES TÓXICAS EN ADOLESCENTES”

Sobre esta última tendencia gira precisamente el relato escrito por la propia Meré, que advierte de que “está creciendo”, no tanto porque haya un retroceso, sino porque existen más herramientas para ejercer el control de las mujeres, en este caso adolescentes, que va ligado siempre a la violencia de género. Control, por ejemplo, de las contraseñas de las redes sociales o aplicaciones que permiten hacer seguimiento .

Se trata de una realidad “muy silenciada” que a las propias víctimas les cuesta contar –todavía cuesta entre las adultas, pues más aún en situaciones en las que se teme porque se conozca en los entornos sociales o educativos-.

Y, avisaba, acrecentado también por el mayor acceso a la pornografía, en el origen de muchas situaciones de “agresividad, control o violencia”, al hacer que muchos menores empiecen a desarrollar la forma en que afrontan la sexualidad normalizando estas situaciones. “Ellos y ellas creen que se hace así”, explicaba Meré.

En cualquier caso, la jueza incidía en que además de las propias víctimas, hay que atender la situación de los agresores cuando son menores de edad, y en este sentido extiende la responsabilidad al conjunto de la sociedad o los adultos por “no contribuir a la transmisión de valores positivos”.

En la misma línea, apuntaba que “adultos y sociedad tenemos que ver las señales de que una persona esté en una situación de violencia de género o en una relación tóxica”.

Cristina Meré incidía en la importancia de la educación, para hacer ver que “en la intimidad tiene que haber confianza, no control”, en un proceso, el de la educación, que tiene que partir de la base de que ya existen estas herramientas tecnológicas sobre cuyo uso responsable hay que formar.

En cualquier caso, advertía de que “ciertos discursos negacionistas de la violencia de género” lo que hacen es “contribuir a normalizarla”, a que se siga produciendo.

LA IMPORTANCIA DE REGULAR SOBRE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Una de las áreas en la que Cristina Meré es considera experta por su trayectoria organizando foros o formación es la violencia obstétrica, aquellas situaciones de abuso o violencia ligada al embarazo, parto y posparto (con ejemplos como la realización de cesáreas sin protocolo que las justifiquen por las que España ha recibido toques de atención de organismos internacionales).

Es un asunto con consecuencias en la Justicia que no cree que haya que tipificar como delito penal –en el sentido de la jurisdicción que lo aborde, no en el de que sea o no delito- , aclarando que ya está concebido como delito. Lo que procede, añadía, es recoger ese concepto legalmente y regularlo a nivel civil y administrativo –ya que muchos de los casos en los que se planteen casos de violencia obstétrica tendrán que ver con prácticas de profesionales sanitarios, públicos o privados-

La propia Meré, desde la Asociación de Mujeres Juezas de España, ha estado al frente de un informe en materia de violencia obstétrica presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a un caso que se produjo en España.

En este caso, el proceso contra España se sigue como consecuencia de la decisión adoptada por un Juzgado de Instrucción de Oviedo que, el 24 de abril de 2019, ordenó el ingreso no voluntario de una mujer gestante para la práctica, en su caso, de un parto inducido en contra de su voluntad. Dicha medida fue adoptada sin oír a la mujer y sin acordar ninguna otra prueba más allá de un informe médico elaborado por la unidad de salud del hospital de referencia. Tras su paso por distintos niveles de la justicia y recursos, queda pendiente la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al afectar a un derecho fundamental.

EL RETO DE LA AMPLIACIÓN A LAS AGRESIONES SEXUALES DE LAS COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Uno de los retos que afrontan los juzgados este 2025 es la aplicación de la Ley de Eficiencia en la Justicia, afrontada en la recta final del 2024 y que, entre otras medidas, incluía una extensión del ámbito de trabajo de los juzgados de violencia de género, aquellos que tratan las distintas situaciones de violencia ejercidas contra la mujer.

A través de este cambio legal, estos juzgados también asumirán los casos de agresiones sexuales –hasta la fecha tramitados en los juzgados penales-, al entenderse que no dejan de ser una manifestación más de violencia contra las mujeres. Goteo a goteo, cada semana los juzgados cántabros tienen varios juicios por casos de agresiones sexuales –en muchos casos, con agresores del propio entorno de la víctima, familiar, social o laboral-.

El juez decano de Santander, Jaime Anta, que participó en la presentación de Meré junto a José Luis Sánchez Gall, del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander, expresaba su preocupación porque esto suponga un aumento de la carga de trabajo que afecte al conjunto del trabajo en estos órganos, poniendo como ejemplo el caso del de Santander, que “va muy bien” en la actualidad.

En este punto, Cristina Meré planteaba que una cosa, que “no ve mal” es la ampliación de las competencias, que parte del reconocimiento de que las agresiones sexuales forman parte de la violencia de género y estos juzgados ya tienen un nivel muy alto de especialización en la materia, y otra es lo relacionado con la carga de trabajo que pueda incrementar. “El problema es la dotación de medios y recursos; si la tiene, está maravillosamente bien”, señalaba.