|| Ana Bolado – Comisión 8 de Marzo ||

Hace 35 años las mujeres de nuestro país estábamos escandalizadas por una sentencia judicial, una más pero especialmente dolorosa.

En 1990 el Tribunal Supremo confirmó la “sentencia de la minifalda” de 1989, de la Audiencia de Lleida, que afirmaba que la joven de 17 años que denunció a su jefe agresor “pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta”. ¡La minifalda!

Siguiendo con tan preciso razonamiento, al empresario de 45 años se le condenó por abusos deshonestos, a pesar de que en 1989 ya habíamos conseguido reformas clave del Código Penal y las agresiones y delitos sexuales habían pasado a ser “contra la libertad sexual”; pero parece ser que a algunos jueces estos cambios legislativos a favor de los derechos humanos de las mujeres no les afectan ni les obligan de inmediato, así que la joven tuvo que conformarse con la citada sentencia conocida como “de la minifalda” que la marcó durante años y condicionó en adelante su vida en su ciudad, como ha manifestado últimamente.

En estos días estamos asistiendo a otro juicio por agresión sexual, este con legislación más clara, en el que la filtración de las grabaciones del testimonio de la denunciante Elisa Mouliaá nos muestran a un juez… cómo decirles: de barra de bar.

Revictimizando a la denunciante como si en estos 35 años estos jueces no hubieran recibido ninguna formación al respecto de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ignorando totalmente la perspectiva de género en su trabajo.

No dudamos de que el juez Carretero necesitará recabar datos para crearse un juicio -nunca mejor dicho- lo más cierto posible sobre el caso, pero los audios conocidos del interrogatorio a la señora Mouliaá nos lo muestran como una persona soez e irrespetuosa, lo que podríamos esperar en todo caso -y no siempre- de un justiciable, y no de quien tiene la responsabilidad de impartir justicia.

El juez no debe tener como propósito amedrentar a la denunciante, gritarle, interrumpir sus respuestas, hablar de las tetas, del culo, de cuánto ha tardado en denunciar a su presunto agresor -¿con lo sencillo que es quiere decirnos?-.

Quien haya visto igualmente el vídeo del interrogatorio al señor Errejón advertirá de inmediato la diferencia de trato, de respeto e incluso de tono de voz, a pesar de que ambos se vean obligados a soportar la situación a pie firme como si en los juzgados no existiesen sillas. Ese ha sido el único trato igualitario.

La lucha de las mujeres -y de muchos hombres que nos acompañan- sabemos que ha conquistado derechos y reformas legislativas en nuestro país que no son comparables con las que sufríamos hace 50 años, cierto. Derecho al trabajo asalariado, a la utilización de métodos anticonceptivos, a la maternidad libre y la interrupción voluntaria del embarazo (el aborto), a compartir la patria potestad sobre hijos e hijas, a la educación en igualdad desde la cuna, a una vida libre de violencia machista…

Pero todos nuestros derechos no pueden verse frenados por la falta de formación en perspectiva de género de las personas que deberían hacerlos posible en la Educación, la Sanidad, la Judicatura, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Está claro que el juez Carretero es un ejemplo de cómo desde la administración se pueden conculcar los derechos de las mujeres que tanto nos ha costado conquistar.

Es imperativo que asista YA al primer curso de formación y se inhiba en este caso.