Izquierda Unida (IU) pedirá una evaluación de la red semafórica de Santander para detectar los problemas de sincronización en diferentes zonas, que están produciendo quejas por falta de seguridad y fluidez entre peatones y vehículos.

“Hemos decidido llevar al pleno esta cuestión después de meses de recibir multitud de quejas, desde diferentes zonas de la ciudad, que denuncian un funcionamiento inadecuado de los semáforos”, ha explicado el concejal de la formación en el Ayuntamiento, Keruin Martínez.

En la moción, el edil ha recogido las quejas por la falta de coordinación de los dispositivos, la corta duración del tiempo disponible para el paso de peatones, o el fallo en el temporizador en varios de ellos, que interrumpe el conteo regresivo antes de agotar el tiempo inicialmente indicado.

Sanciones a la falta de recogida de excrementos y preguntas sobre la asistencia jurídica

Otras cuestiones que la formación llevará al pleno tienen que ver con las denuncias y sanciones por irregularidades relacionadas con la recogida de excrementos caninos en las calles. “Son varios los barrios en los que nos han hecho llegar que el incivismo en esta cuestión ha aumentado”, ha explicado Martínez, que considera que la puesta en marcha de la campaña de concienciación tiene que ver con el incremento de estas quejas.

“Lo que está claro es que todavía no se ha actualizado la Ordenanza para recoger todos los aspectos pendientes de desarrollar con la Ley de Protección y Bienestar Animal, y no hay una fecha concreta prevista para completar esta legislación”, ha matizado el edil, que ha pedido al equipo de Gobierno que dedique sus esfuerzos en una campaña que sancione a quienes incumplen la ley y causan molestias y suciedad a sus vecinos. “Lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores, y se dedique un dinero de todos a meras campañas de concienciación, si después no se castiga a quienes no quieren actuar por la convivencia”.

Asimismo, Martínez ha realizado diversas preguntas con relación al convenio suscrito por el Ayuntamiento con el Colegio de Abogados, para atender a las personas con necesidad de atención jurídica y/o con problemas relacionados con la vivienda.

“Queremos que haya una mayor transparencia sobre la coordinación que el Ayuntamiento haya podido facilitar para garantizar la mejor atención a estos afectados, porque la última dación de cuentas pública fue en 2019 y nos preocupa mucho el hecho de que los afectados suelen llegar a este recurso cuando sus problemas están enquistados y tienen una solución más difícil o limitada”, ha explicado el edil de IU, que ha propuesto mejorar los cauces y publicidad de esta herramienta.

El concejal ha recordado que su formación lleva meses reclamando la aplicación de un Protocolo Antidesahucios, hasta el punto de reclamar su inclusión en los Presupuestos de 2025. “Ante la negativa del equipo de Gobierno, creemos que es importante que, al menos, haya un interés en fortalecer las herramientas ya creadas para asegurar que lleguen a los santanderinos que las requieren a tiempo”, ha concluido.