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Hasta 5.000 euros por adjudicación: investigan a técnicos de Gesvican por amañar licitaciones a favor de SENOR y RUCECAN
El Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santander ha concretado la imputación de dos técnicos de la empresa pública Gesvican, E. S. G. y J. D. G., por su presunta implicación en un entramado de corrupción en licitaciones de obras públicas en Cantabria. Según el auto judicial, ambos habrían favorecido a las constructoras Servicios y Obras del Norte S.A. (Senor) y Rucecan S.L. en los procesos de adjudicación, recibiendo a cambio pagos que oscilaban entre los 2.000 y los 5.000 euros.
Esta información afloró durante la investigación de las adjudicaciones del funcionario jefe de Servicio de Carreteras en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria hasta la anterior legislatura y sus relaciones con las empresas adjudicatarias de carreteras o asfaltados a las que orientaba o aconsejaba sobre los concursos.
En el sumario, ampliamente contado por EL FARADIO, enseguida traslucieron otros nombres de técnicos de GESVICAN, la empresa pública de la Consejería que gestionaba algunos de estos proyectos, que o bien estaban presentes en las conversaciones o tenían algún otro tipo de protagonismo.
Con el tiempo esa derivada supuso un ensanchamiento de las investigaciones ya abiertas, con la consiguiente toma de declaraciones y recopilación de documentación. Todo está cada vez más cerca del juicio: la fase de instrucción, en la que se determinan los hechos investigados, está prácticamente cerrada, y quedan una serie de trámites y pasos legales para que finalmente se celebre la vista propiamente dicha.
La investigación detalla que los técnicos, en su condición de empleados de Gesvican, preparaban la documentación de las ofertas técnicas de estas empresas y las beneficiaban en la valoración de sus propuestas. En este caso no figura API Movilidad, que sí aparece en el resto de la investigación.
LAS TARIFAS
A cambio, habrían pactado el pago de 2.500 euros por la elaboración del proyecto, otros 2.000 euros si la oferta era mejor valorada y una cantidad adicional de 5.000 euros en caso de adjudicación del contrato.
Entre los proyectos investigados se encuentran la mejora del trazado de la CA-152 en el tramo Alto de La Escrita-La Matanza, la ampliación de la plataforma de la carretera CA-641 o la conservación de infraestructuras urbanas e interurbanas en Cantabria.
La defensa de los investigados solicitó el sobreseimiento del caso, pero la jueza ha rechazado la petición al considerar que existen «indicios más que suficientes» para continuar el procedimiento. En el auto se citan pruebas como conversaciones grabadas, notas manuscritas y documentos intervenidos que aluden al pago de comisiones.
El tribunal ha acordado la continuación del procedimiento, la citación de los investigados para nueva declaración y la práctica de diligencias solicitadas por la Letrada del Gobierno de Cantabria. Contra la resolución cabe interponer recurso en un plazo de tres o cinco días, según el tipo de impugnación.
Pudieron influir en el proceso de contratación entre 2018 y 2022
La imputación se concreta en la “concertación de dos técnicos de la empresa pública Gesvican con los administradores de Senor y Rucecan para el cobro de cantidades a cambio de prepararles la documentación a presentar en las licitaciones de obras públicas y favorecerles en la valoración de las ofertas presentadas”, lo que pudo influir en el proceso de contratación pública entre los años 2018 y 2022.
Esa valoración la realizaban los dos ingenieros de Gesvican en virtud de una encomienda de gestión suscrita entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la empresa pública que tenía como finalidad, entre otras, la de estudiar y analizar las ofertas recibidas por los licitadores en contratos licitados por la Consejería de Obras Públicas.
De las diligencias instructoras se desprende que los técnicos se concertaron con el administrador de Senor (el conocido como el Rubio) y con los dos administradores de Rucecan (los hermanos Celis) para favorecer a ambas empresas cuando formaron una UTE, como pudo ocurrir en obras de mejora del trazado de tres carreteras autonómicas.
Concluye el magistrado que “ninguna de las mercantiles investigadas contaba con un modelo de vigilancia y gestión adecuados para prevenir las conductas delictivas descritas”.
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