La Junta de Personal Docente considera «indignante» la última propuesta del consejero de Educación y utilizará el próximo “miércoles verde” para visibilizarlo. En un intento de justificar la falta de voluntad para alcanzar una adecuación salarial, se ha señalado el coste de sustituciones como el gran problema a resolver. Y la solución que plantea la Consejería creen que es tan simple como brutal: penalizar económicamente a quienes falten al trabajo de forma justificada.

Un planteamiento que, en opinión de la Junta, lanza un mensaje claro y peligroso: si un docente enferma, no solo tendrá que enfrentarse a su enfermedad, sino que además perderá dinero.

Estiman los docentes que el consejero Sergio Silva filtra como “absentistas” datos brutos de sustituciones que incluyen, además de las bajas médicas, permisos de todo tipo, o el propio reemplazo de los cargos de la Consejería en su centro de trabajo. «¿En qué estudio se basa el consejero para hacer estas afirmaciones? ¿Qué análisis ha llevado a cabo para concluir que el problema está en los docentes que «se cogen bajas» y no en los motivos médicos que las justifican?», se preguntan. Y recuerdan que las bajas  las otorgan profesionales sanitarios tras evaluar cada caso, por lo que cuestionan si desde la Consejería insinúan una mala praxis médica.

«Parece ser que el consejero de Educación, en lugar de comportarse con criterios profesionales, haciendo análisis sosegados y tranquilos de los problemas para alcanzar diagnósticos certeros y aplicar soluciones adecuadas, ha decidido utilizar la herramienta del discurso populista proponiendo una solución ‘mágica’ que va a solucionar de golpe y porrazo todos los problemas de la educación de Cantabria», expresa la Junta en el comunicado que han enviado a los medios de comunicación.

La Junta de Personal Docente rechaza de plano este discurso «populista y demagogo» por parte de la Consejería, «que viene, una vez más, a tratar de denigrar la imagen pública del profesorado de nuestra comunidad». Por eso piden un trato de mayor respeto a la plantilla docente, en lugar de sembrar dudas sobre su profesionalidad.

El consejero de Educación, prosiguen, se ha lanzado a proponer una solución «para un supuesto problema sobre el que no nos consta que haya sido analizado ni estudiado con un mínimo rigor». Afirman que todos los estudios sobre absentismo laboral demuestran que, si bien la tendencia es alcista en todos los sectores, no es especialmente llamativo en el ámbito educativo. La media de absentismo (un concepto confuso que mezcla bajas injustificadas y, sobre todo, bajas avaladas por un profesional médico) en Cantabria está en el 7,06%, mientras que, según el único dato facilitado por la Consejería de Educación, en este sector no llega al 6%.

Pese a esto, la Junta acusa al consejero de haber optado por utilizar esta cuestión para atacar las reivindicaciones docentes «sin conocer las causas ni el origen, sin saber el número de accidentes laborales o incapacidades temporales, proponiendo una medida inédita en el Gobierno de Cantabria, que no ha sido planteada por ninguna otra consejería».

Si la partida de sustituciones ha aumentado, estima la Junta de Personal Docente que la Consejería debería sentarse a analizar por qué, en lugar de recurrir a medidas que tapen los síntomas, «promoviendo que se acuda a trabajar enfermo». Si un profesor tiene que operarse, si sufre un accidente o padece una enfermedad incapacitante, la respuesta de la administración «no puede ser un castigo económico», exigen.

La Junta de Personal Docente dice que siempre ha apostado por la vía del diálogo respetuoso para conseguir acuerdos que mejoren las condiciones laborales del profesorado, y por extensión, permitan mejorar el sistema educativo público. En ese sentido, la Junta contestará a la propuesta de adecuación salarial de la Consejería de Educación, tratando de reconducir la negociación hacia los consensos alcanzados con anteriores administraciones y el resto del Parlamento. Opinan que el consejero debería sentarse a reconocer la grave pérdida de poder adquisitivo sufrida durante los últimos 17 años sin adecuación, valorando el esfuerzo exigido a los trabajadores durante la crisis, la pandemia o la adaptación a la enésima ley educativa, en lugar de desviar la cuestión «con cortinas de humo que solo sirven para distorsionar la imagen pública del colectivo docente», concluyen.