La pobreza energética es un problema que se sigue alargando en el tiempo sin que aparezcan las soluciones reales para terminar con él. Soledad Montero nos lo explica en la previa de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, que se celebra del 17 al 23 de febrero. El mismo día 17, a las 18:30, Montero participará en una mesa redonda para hablar de esta cuestión. Una iniciativa poyada por la cooperativa Solabria, la comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria. La entrevista entra dentro de la sección ‘La energía del cambio’, que hacemos en colaboración con la cooperativa.

Montero trabaja en CECU, la Federación de Consumidores y Usuarios, y compartirá mesa con Cecilia Foronda, De la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), y con Mónica Guiteras, de la Aliança contra la Pobresa Energética de Catalunya (APE_Cat), moderadas por Rosa Fraga, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Para seguir la charla vía Zoom, es necesario enviar este formulario de inscripción.

Los nuevos datos sobre pobreza vuelven a enviar una señal de alarma. El 26,5% de las familias en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Ha vuelto a subir, pese a que varios indicadores que tienen que ver con empleo y economía hablan de España como un país de referencia a nivel europeo.

Montero cree que no se adoptan las suficientes medidas para evitar que esa cifra siga siendo preocupante. Explica que se diseñó una estrategia contra la pobreza energética que debía implementar un total de 19 medidas en el periodo 2019-2024. Este fue un cambio positivo, en su opinión, porque al fin se reconocía, oficialmente, el problema.

Sin embargo, un estudio de ECODES afirma que sólo el 21% de las medidas se han implementado completamente. Es cierto que en ese periodo hemos pasado por una pandemia y por una crisis desatada a raíz de la guerra en Ucrania, pero la solución del escudo social, que se ha ido prorrogando con el paso de los meses y los años, no ha sido suficiente.

Para tratar de paliar la pobreza energética se han ido anunciando requisitos que pretendían ser más laxos para que familias vulnerables pudieran acogerse a un bono social eléctrico. Montero cita datos de un aumento de beneficiarios de un 20%, y que hay un total de 1.641.000 en España. Por eso señala que «los datos no cuadran», porque un 26,5% de los hogares en situación de vulnerabilidad es una cifra de habitantes mucho mayor.

Y añade otros datos preocupantes. Cita un estudio de Oxfam Intermón que asegura que «ocho de cada diez beneficiarios potenciales no reciben» esta ayuda, por lo que hablamos de una medida ineficaz, que está lejos de cubrir todas las necesidades existentes. Además, ese informe dice que el 25% de los beneficiarios eran familias numerosas y de ellas, el 60% tenían un nivel de ingresos medio o medio alto, y el 40% ingresos bajos.

Montero destaca también que hay una categoría de familias vulnerables severas, pero hay muchas provincias en España, Cantabria incluida, donde «ningún perceptor de este bono tenía esa condición», algo que estadísticamente suena imposible. Es decir, hay un déficit en cuanto a la catalogación de la situación de las familias, y ese es un problema, en conjunto, de las administraciones públicas. Como contraposición a lo que ocurre en España, en Portugal el bono «se aplica directamente dependiendo de los niveles de renta«.

Para evitar situaciones graves, en España «se preveía un suministro mínimo vital, reduciendo la potencia al mínimo necesario, tras cuatro meses de impago, durante cuatro meses más, y ya después se corta. Es dar una patada hacia delante», reflexiona Montero, que cita la ley catalana como un ejemplo más plausible. Esa normativa dice expresamente que se ha de consultar con servicios sociales para ver si una determinada familia está dentro de los parámetros de pobreza energética antes de cortarle el suministro.

Al estudiar el funcionamiento de este bono social eléctrico, Montero dice que se han dado cuenta de que «es la Ley de Protección de Datos la que desprotege a las familias más vulnerables«, lo cual les parece «una locura». Las barreras burocrática son un problema que agrava las cosas y que hace muy complicado que familias en situación precaria accedan a este tipo de ayuda. Y Montero recuerda que «las administraciones públicas deben hacerse cargo de las necesidades de la población, es su obligación».

Ahora se teme que la situación empeore, porque ya han decaído todas las rebajas de impuestos que se habían aplicado al consumo eléctrico. Ahora se tiene que pagar un 21% de IVA en la factura eléctrica, vuelve el 5,11% de impuesto especial a la electricidad y vuelve el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica. Y a eso se tendrá que añadir la volatilidad del mercado mayorista.

Por eso organizaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ven urgente que el sistema se vuelva más justo y no beneficie tanto al oligopolio eléctrico, porque eso genera una desigualdad que se manifiesta en la pérdida de derechos esenciales para una parte muy importante de la población.