El Avance del Informe AROPE 2025, publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), señala que la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE) en Cantabria se situó en un 22,2% en 2024, lo que supone un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En términos absolutos, 131.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad en la comunidad, 2.000 más que en 2023, según recoge el avance difundido este lunes por EAPN, que también  muestra una tendencia distinta en Cantabria respecto a la estatal.

Crece la pobreza en Cantabria

En detalle, el informe muestra que la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado un 13,8%, situando a Cantabria entre las comunidades autónomas donde más ha empeorado este indicador. Asimismo, la carencia material y social severa afecta al 6% de la población, lo que supone una subida del 62,2% desde 2015, a pesar de una leve reducción del 0,2% respecto a 2023.

Las dificultades económicas persisten en muchos hogares. Un 38,2% de la población declara tener problemas para llegar a fin de mes, mientras que un 8,5% de los hogares ha experimentado retrasos en el pago de gastos de vivienda, con un incremento del 1,3% en un año.

La pobreza energética sigue siendo un problema

El informe alerta de que el 13,5% de los hogares en Cantabria no pudo mantener una temperatura adecuada en su vivienda en 2024. Aunque esto supone una mejora de 4,3 puntos respecto al año anterior, el dato sigue siendo un 80% superior al registrado en 2015.

Por otro lado, la renta neta media en la comunidad ha crecido en 546 euros, situándose en 14.708 euros anuales por persona. No obstante, este incremento no ha sido suficiente para frenar el avance de la pobreza, que sigue afectando a un número significativo de cántabros.

Conclusiones generales del informe AROPE 2025

A nivel estatal, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social ha descendido del 26,5% en 2023 al 25,8% en 2024, afectando a 12,5 millones de personas, la cifra más baja desde 2014.

La pobreza infantil ha subido en medio punto, afectando a un 34,6% de los menores en España. Además, el 50,3% de las familias monoparentales sigue en riesgo de exclusión social, a pesar de una leve mejora respecto a 2023.

La pobreza energética ha descendido en tres puntos, situándose en 17,6%, aunque ha aumentado un 65,9% desde 2014.

IMPACTO DE POLÍTICAS EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

El porcentaje de personas con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda  se ha incrementado del 13,6 % al 14,2 %, constatando que los costes asociados a la vivienda son un factor determinante de pobreza y exclusión social en nuestro país.

El informe destaca que medidas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la temporalidad laboral han estabilizado el número de trabajadores pobres, pero sigue siendo necesario reforzar las garantías sociales.

En la misma línea, se constata también una mejora en las cifras de pobreza y/o exclusión social entre las personas jubiladas (17,2 % en 2023 frente a 15,9 % en 2024), y desempleadas (pasan del 56,7 % en 2023 al 55,4 %) debido, entre varias cuestiones, al incremento de las pensiones más bajas o a la compatibilidad entre subsidios y otras garantías de rentas.

En cambio, la feminización de la pobreza se sigue constatando como una problemática constante y estructural, más evidente en las franjas de menor edad: empeora el riesgo de pobreza entre niñas y adolescentes menores de 16 años, y entre mujeres de 16 a 44años.

También apuntan que las políticas migratorias y de extranjería vigentes y la discriminación están aumentando las situaciones de pobreza. En 2024, más de la mitad de las personas de origen extracomunitario se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social (54,1 %). Sin embargo, si atendemos al origen de la población extranjera, es decir, si proceden de un país de la Unión Europea o no, las diferencias son considerables(35,1 % frente a 54,1 %, respectivamente).

Esto sugiere que una situación administrativa regularizada resulta fundamental en la lucha contra la pobreza. A esto deben sumarse medidas decididas contra la discriminación social que sufren las personas migrantes, y acciones como su inclusión en políticas de protección social -entre ellas el IMV-, independientemente de su situación administrativa, siempre que se cumplan los requisitos económicos.

Consideran que las políticas sociales impulsadas frente a las últimas crisis están mostrando su eficacia en la reducción de las cifras de pobreza, exclusión social y desigualdad. De hecho, elXIV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, publicado el pasado año, ya recogió el papel protector del Estado: si se hubiesen eliminado todas las ayudas y prestaciones en 2023, 10,8 millones de personas en todo el país habrían entrado en situación de pobreza.

En este contexto, desde la entidad muestran su preocupación por el carácter temporal de las iniciativas incluidas en el Escudo Social, encaminadas específicamente a personas en situación de vulnerabilidad, y piden que la pobreza y la exclusión social se aborden con medidas estructurales de mayor intensidad y alcance, que no dependan del juego político y de la constante negociación parlamentaria.

Desde la EAPN-ES se insiste en la necesidad de políticas sociales estructurales y en la implementación de medidas como:

• Una prestación universal por crianza para reducir la pobreza infantil.
• Políticas de vivienda accesible y protección frente a desahucios.
• Garantía de rentas y empleo digno.
• Dotación suficiente para la Estrategia Estatal de Lucha contra la Pobreza.

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