La Federación Dean (Defensa Animal en Cantabria) ha lanzado una dura crítica contra el Ayuntamiento de Ruente tras la aprobación inicial de una ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Según el colectivo, el texto vulnera la normativa estatal vigente y evidencia un “desconocimiento absoluto” del marco legal superior.

La ordenanza, aprobada en el Pleno del pasado 6 de febrero, amplía arbitrariamente el listado de razas de perros considerados como potencialmente peligrosos. En este sentido, desde Dean explican que el Ayuntamiento ha incluido un total de 17 razas caninas, excediendo las ocho contempladas en el Real Decreto 287/2002, una norma de obligado cumplimiento a nivel estatal.

“La Disposición Final Segunda de dicho decreto es clara: la competencia para modificar este listado corresponde exclusivamente al Estado. La iniciativa del Ayuntamiento supone una extralimitación de sus funciones y convierte la disposición en nula de pleno derecho”, señalaron desde la Federación.

Errores y vulneración de derechos

El texto inicial de la ordenanza, además de presentar irregularidades jurídicas, evidencia una falta de revisión. Dean destaca errores como la mención al municipio de San Vicente de la Barquera en uno de sus artículos, un indicio de un posible “copia y pega” de otras normativas.

Asimismo, la ordenanza contempla medidas desproporcionadas e inaplicables, como la prohibición de circulación de estos perros en espacios públicos entre las 7:00 y las 22:00 horas o la exigencia de realizar reformas en viviendas privadas como condición para obtener la licencia. “Esto supone una clara injerencia en la propiedad privada sin respaldo legal alguno”, denuncian.

La presidenta y portavoz de Dean, Victoria Cedrún, manifestó su preocupación ante la situación: “Resulta difícil comprender cómo un Ayuntamiento que ni siquiera cumple con sus obligaciones básicas en materia de bienestar animal, como la contratación de un servicio de recogida de animales abandonados o la implementación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para la gestión ética de colonias felinas, puede aprobar una normativa que no soluciona los problemas reales y genera barreras injustificadas”.

Falta de recursos y antecedentes judiciales

Cedrún también criticó la incongruencia de que una administración municipal sin Policía Local y con 25 años de incumplimiento de la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, ahora pretenda imponer nuevas restricciones a los ciudadanos sin contar con medios efectivos para hacerlas cumplir.

En este contexto, la Federación anunció que presentará alegaciones dentro del plazo legalmente establecido. Advirtieron que, si la ordenanza se mantiene en sus términos actuales, recurrirán a los tribunales para su anulación. Recordaron, además, casos previos como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que condenó al Ayuntamiento de Pamplona por una ordenanza similar.

“Instamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ruente a rectificar de inmediato, a elaborar normativas con un mínimo de rigor jurídico y a cumplir con sus obligaciones en materia de bienestar animal antes de embarcarse en regulaciones que solo generan confusión, perjuicio a los ciudadanos y una estigmatización injustificada de determinadas razas caninas”, concluyó Cedrún.

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