Los miembros del Intergrupo parlamentario ‘Paz y Libertad en el Sáhara’, Teresa Noceda (PRC), Jorge Gutiérrez (PSOE) y Álvaro Aguirre (PP), han procedido esta mañana a la lectura de la Declaración de Asturias en el patio del Parlamento de Cantabria. En el acto, estuvieron acompañados por diputados y diputadas de las tres formaciones políticas y representantes de las asociaciones Cantabria por el Sáhara, que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, y Alouda Cantabria.

El Intergrupo Parlamentario ‘Paz y Libertad en el Sáhara’ es una plataforma integrada por diputados y diputadas de distintos partidos políticos del Parlamento de Cantabria, cuyo objetivo común es promover la defensa de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y el apoyo al pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación y la independencia.

La XXVIII Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios “Paz y Libertad en el Sáhara Occidental”, celebrada el pasado 15 de febrero en la Junta General del Principado de Asturias, concluyó con la adopción de la Declaración de Asturias, «un firme compromiso de los parlamentos autonómicos del Estado español con la causa del pueblo saharaui, su derecho a la autodeterminación y su lucha por la independencia». Ese es el texto que han leído los representantes cántabros.

Durante la conferencia se exigió al Gobierno español asumir su responsabilidad histórica, legal y política en relación con el Sáhara Occidental, reafirmando la posición del Frente POLISARIO como «único y legítimo representante» del pueblo saharaui, que vive repartido entre los territorios ocupados por Marruecos o las durísimas condiciones de los campamentos.

La Conferencia insistió especialmente en la necesidad urgente de poner fin a la «ocupación ilegal» por parte del Reino de Marruecos del territorio saharaui y denunció las «constantes vulneraciones de derechos humanos» que sufre la población saharaui en esos territorios ocupados, traducida en juicios sin garantías, trabas a la libre información o cárcel y agresiones para activistas saharauis.

Asimismo, se reclamó la liberación inmediata de los presos políticos y de conciencia saharauis, destacando especialmente la situación de los presos de Gdeim Izik.

Los parlamentarios subrayaron la relevancia del reciente auto de la Audiencia Nacional que reconoce explícitamente a España como «potencia administradora de iure» del territorio saharaui, que fue su colonia , lo que implica obligaciones concretas en el plano internacional, como es dar por finalizado el proceso de colonización de una forma que se traduzca en la independencia plena del pueblo saharaui.

La Declaración insiste en que Naciones Unidas debe acelerar una solución definitiva que contemple de manera innegociable el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. Además, piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombrar un Relator Especial para vigilar la situación en los territorios ocupados.

Por otra parte, el documento denuncia el expolio de los recursos naturales saharauis –como por ejemplo la pesca o el tomate– y destaca la importancia de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que invalidan los acuerdos económicos y pesqueros entre Marruecos y la UE por considerar que vulneran los derechos del pueblo saharaui, que se ve privado de los ingresos económicos que supondrían esos recursos que les pertenecen y explota Marruecos.

Además, la conferencia acordó reforzar la cooperación política con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) y reclamó a los medios de comunicación mayor cobertura informativa del conflicto saharaui, animando también a la sociedad civil a utilizar las redes sociales como herramienta de denuncia y sensibilización.

Finalmente, se destaca el impacto positivo de programas solidarios como «Vacaciones en Paz», muy arraigado en Cantabria, por el cual niñas y niños saharauis pasan el verano con familias que les atienden y apoyan, y «Proyecto Madrasa», y se asume el compromiso de continuar con las misiones parlamentarias de observación sobre derechos humanos en los territorios ocupados durante 2025.

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