Cantabristas presenta alegaciones para detener el macrovertedero de Miengo que amenaza Costa Quebrada

El partido cantabrista argumenta que “no es un proyecto de interés social, no es un emplazamiento lógico y actualmente existen alternativas para la gestión de estos residuos” y lamentan que “la deliberada falta de ordenación del territorio esté abriendo la puerta a que surjan de la nada proyectos irresponsables como este”
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Cantabristas ha presentado alegaciones contra el macrovertedero de inertes -de más de 142.000 m² de superficie- que se quiere instalar en una ubicación de suelo rústico protegido en Miengo.

El portavoz del partido cantabrista, PauluLobete, ha señalado que el proyecto “no es coherente con el Plan de Residuos de Cantabria, dado que existen alternativas para la gestión de estos residuos, como el vertedero de Castañeda” y ha lamentado que “la deliberada falta de ordenación del territorio esté abriendo la puerta a que surjan de la nada, día sí y día también, proyectos irresponsables como este, que no se adecúan ni al entorno ni a las necesidades de la población, y que generan preocupación entre los vecinos y vecinas”.

Entre otras cuestiones, Cantabristas ha cimentado sus alegaciones contra el macrovertedero en más de una decena de argumentos, entre los que destacan “la inadecuación del suelo, la ausencia de evaluación del impacto ambiental, los posibles daños arqueológicos, la contaminación de acuíferos y los daños al subsuelo, la contaminación acústica, la ausencia de un plan contra incendios, la ausencia de un Programa de Vigilancia Ambiental y el riesgo que este vertedero supondría para otras actividades económicas en la zona”.

Por último, desde el partido cantabrista han querido destacar la absoluta incoherencia de plantear un macrovertedero en mitad del Geoparque Costa Quebrada, “poniendo en riesgo sus valores ambientales en la medida en que no se está protegiendo y blindado de la especulación y la puesta en marcha de proyectos irresponsables como este en suelo rústico”.

Así, Lobete ha señalado que, para poder proteger el territorio y el interés general, “es imprescindible dotarnos de herramientas y normativas para que no todo depende de las decisiones discrecionales del gobernante de turno y para que no se pueda llevar a cabo cualquier proyecto en cualquier sitio”.

 

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