Izquierda Unida ha preguntado al Ministerio de Educación cómo valora la falta de adecuación salarial de la plantilla docente de Cantabria.

Lo ha hecho a través de varias preguntas escritas registradas por el portavoz de la formación en la comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso, Toni Valero, tras su visita a Cantabria la última semana y la reunión mantenida con los sindicatos de la Junta de Personal Docente de la comunidad.

En su escrito, el diputado de IU traslada el “enrocamiento” de la Consejería tras la petición de los sindicatos docentes de adecuación salarial tras más de una década en la que su salario fue congelado y la pérdida de poder adquisitivo, siendo la propuesta docente de una actualización que ascienda a los 325,66 euros, de forma escalonada, para el período 2025-2027 y teniendo como última contrapropuesta del consejero, Sergio Silva, de 100 euros.

En la exposición de motivos, IU también alude a la propuesta -ya retirada por la Consejería- de condicionar una parte del salario mediante un complemento que premie a quien no use permisos o licencias durante el curso escolar por motivos de enfermedad o deban cuidar a parientes o familiares dependientes.

“Esta penalización, además de saltarse la linealidad que se propone en la adecuación salarial desde la Junta de Personal Docente, suponía castigar, precisamente, a quien lo está pasando peor por causas que nadie desea, como un cáncer”, argumenta el coordinador de IU en la comunidad, Israel Ruiz Salmón.

El líder de IU asevera que “desde la consejería de Educación están alargando el proceso artificialmente, a pesar de que la adecuación salarial es una realidad objetiva que debe materializarse y que cuenta con el respaldo de la comunidad educativa”. Y añade que “es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema que uno de sus pilares, la plantilla docente, realice su trabajo en condiciones laborales óptimas y sin agravios comparativos”.

Finalmente, en sus preguntas al Ministerio IU inquiere sobre qué medidas ha tomado el Gobierno central para evitar la pérdida de poder adquisitivo del personal docente en el sistema educativo público y bajo qué criterios considera que las consejerías de educación deben negociar las actualizaciones salariales.