Suspendido el desahucio en Sancibrián

Activistas antidesahucios hicieron noche para evitarlo. Hubo un amplio dispositivo de la Guardia Civil
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Activistas antidesahucios de Cantabria han logrado paralizar el desahucio de David y su madre, María Antonia, de 77 años, en una urbanización en Sancibrián (Santa Cruz de Bezana), previsto para este lunes a primerísima hora.

Convocados por la PAH o Stop Desahucios, con el apoyo de distintos colectivos y movimientos sociales cántabros o personas a título particular, algunos hicieron noche para frenar la expulsión de la casa, marcada por la ONU como contraria a su normativa al hacerse sin alternativa habitacional, es decir, sin vivienda a la que ir si les desahucian.

Desde primera hora de la mañana se han concentrado más activistas, y también ha llegado un dispositivo de la Guardia Civil, con casi diez coches a la entrada de la urbanización, antes de las 7 de la mañana. Ha llegado una ambulancia para atender a María Antonia, la madre de David. Tener que afrontar una situación así con su edad ya es un factor de riesgo en sí mismo, además del tiempo de estrés acumulado por no saber qué será de su futuro. No tienen adónde ir. Los sanitarios le han administrado medicación para controlar su estado de nervios, que respondía a un caso de ataque de ansiedad.

Los minutos previos a la suspensión del lanzamiento han sido los de máxima tensión. La comitiva judicial llegaba hasta la urbanización, pero estuvieron un rato charlando con guardias civiles sin llegar hasta la vivienda en concreto. Ahí es cuando es inevitable ponerse a especular. ¿Qué significa que tarden varios minutos en llegar a la puerta? ¿Traen buena cara o mala cara? Y se pregunta a quienes tienen varias acciones de Stop Desahucios a sus espaldas para saber cómo lo ven, qué pinta tiene la situación.

Finalmente, la comitiva judicial y la Guardia Civil se han acercado hasta la vivienda, y es cuando los activistas se han metido todos dentro del recinto de la propiedad, para intentar hacer ver que había una fuerza de resistencia que defendía a estas dos personas que empezaron a temer de verdad que se quedaban sin casa.

«Ni casas sin gente, ni gente sin casa», «el próximo desahucio, que sea en La Moncloa» o «no son suicidios, son asesinatos» eran algunos de los cánticos que entonaban los activistas para intentar aplacar a las fuerzas de seguridad, que llegaban con la intención de desalojar la vivienda. Incluidos cuatro agentes con el uniforme de antidisturbios puesto, y que hicieron pensar en un desenlace trágico.

Uno de los agentes pidió a los activistas que salieran, pero se negaron. Mientras, la comitiva judicial estaba a un lado de la puerta, sin dejarse ver, hablando para ver cómo resolver la situación. Y en ese momento, David, desde una ventana, hizo una exhortación a los derechos humanos y a la defensa de la ciudadanía, sobre todo la de quienes tienen muchas dificultades para poder tener todo lo necesario para llevar una vida digna y, sin embargo, se ven en riesgo de perder su techo. Las decenas de activistas rompían a aplaudir.

Se llegaba a un periodo de espera sin saber lo que pasaría. Era el momento de que los activistas insistieran, para parecer incansables. Pero no duró mucho. La comitiva judicial y la Guardia Civil se marcharon y la euforia se manifestó al momento. El desahucio se había parado.

 

 

David empezó a abrazarse con todas y cada una de las personas que habían estado apoyando a su madre y a él para que pudieran seguir en su casa. Visiblemente emocionado y con los nervios a flor de piel, parecía no creerse que lo peor hubiera pasado ya.

No paraba de dar las gracias a todo el mundo. Veía que la unión de unas decenas de personas que forman parte de la sociedad civil, asociada o no asociada de alguna manera, podía servir para ayudar a personas vulnerables y que se consiguiera un objetivo. Evidentemente, el «sí se puede» se apoderó del lugar durante varios minutos, para después dar paso a «nos hemos ganao un cola cao» y que los activistas se marcharan a desayunar, porque ya eran las 10 de la mañana y se había pasado un momento de auténtica tensión.

David, entonces, se ha dedicado a atender a su madre, que estaba en manos de vecinas y activistas que han ayudado de esa otra forma en este momento tan difícil. Una de esas activistas contaba que en las horas previas estuvieron con María Antonia para tenerla distraída y sin pensar permanentemente en lo que podía ocurrir, y le estaban preparando algo para comer y que siga estando acompañada, pero ahora de mejor humor y más tranquila tras la buena noticia.

La victoria no es completa, es parcial. La comitiva judicial no ha llevado a cabo el desahucio, pero habrá nueva fecha, quizá en el plazo de un mes, para volver a pedir a María Antonia y a David que abandonen su hogar.

UN DESAHUCIO SEÑALADO POR LA ONU

La madre, en edad de jubilación, sólo recibe una pensión compensatoria de menos de 700 euros mensuales. María Antonia contaba con un derecho de uso de la vivienda donde reside junto con David tras el divorcio de su ex marido. Sin embargo, el ex marido, también progenitor de David, trata desde hace años de recuperar la posesión plena de la vivienda familiar y conseguir que su hijo y ex mujer sean desalojados.

Madre e hijo, resentidos de problemas de salud por la tensión acumulada, han vivido ya tres intentos de desahucio. El último, en octubre de 2023, tras el cual volvieron a entrar en la vivienda, iniciándose contra ellos litigios judiciales por usurpación que supusieron la condena de la madre, de 74 años entonces.

En la parte jurídica han afrontado también dificultades, y denuncian mala representación legal, hasta el punto de que uno de sus abogados no remitió el informe de vulnerabilidad económica que se les había concedido desde la Oficina de Emergencia Habitacional.

Están pendientes de una vivienda para estas situaciones, aunque la carencia de ellas les mantiene en la lista de espera.

Recientemente, han conseguido una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que insta a España a garantizar que no sean desalojados sin una alternativa habitacional. De hecho, la PAH destaca que es la primera vez que la ONU actúa en ese sentido en Cantabria, a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un órgano de protección de los Derechos Humanos.

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