Unas 300 personas se concentraron frente a la Delegación de Gobierno en Santander la tarde de este viernes 21 marzo para exigir un alto al genocidio contra el pueblo palestino y demandaron al Gobierno español que ponga fin a todo tipo de relaciones con Israel.

La concentración de urgencia, convocada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos, se realizó en respuesta a los nuevos ataques contra Gaza tras la ruptura del alto el fuego por parte de Israel, que ha violado una vez más las condiciones del acuerdo firmado el 17 de enero y ha causado más de 400 muertos en una sola noche e impedido la entrada de ayuda humanitaria.

El Estado de Israel, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, están llevando a cabo «un macabro plan de limpieza étnica en Gaza con la complicidad de gobiernos europeos y grandes empresas transnacionales que, pese al genocidio, mantienen acuerdos comerciales incluida la compraventa de armas», dicen los convocantes. Frente a ello, la solidaridad internacional en apoyo a la resistencia del pueblo palestino «sigue siendo necesaria».

En la actividad se ha exigido el fin del genocidio contra la población palestina y la suspensión inmediata de los acuerdos comerciales y militares con Israel, incluyendo la compraventa de armamento; así como también que el Gobierno de España respalde los procedimientos de la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Comunicado de Interpueblos

«Entre las víctimas se encuentran decenas de familias completas que se encontraban en sus viviendas o refugios y fueron masacradas mientras dormían. La mayoría de ellas vuelven a ser mujeres, niños y niñas.

Israel ha violado repetida y sistemáticamente las condiciones del acuerdo firmado el 17 de enero con la mediación de diversos países e iniciado dos días después. Desde el primer día impidió la entrada de los miles de tiendas de campaña acordadas para albergar a las personas cuyas viviendas habían sido destruidas. Además, redujo arbitrariamente las cantidades de ayuda humanitaria permitida acordadas. Todo ello después de haber matado a más de 150 personas en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El 4 de febrero debía haberse iniciado la segunda fase de los acuerdos, pero Netanyahu incumplió el calendario viajando a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en esa misma fecha, y después posponiéndola indefinidamente. Esta fase incluía la liberación de un gran número de personas prisioneras por ambas partes. En su lugar, se lanzó una campaña de difusión del macabro plan de Trump para expulsar a los dos millones de gazatíes de su tierra y convertirlo en un resort turístico.

Más recientemente, el pasado 2 de marzo, las autoridades israelíes han ordenado de nuevo el bloqueo total de la entrada de cualquier ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo medicinas y alimentos. Esto mismo ya lo hizo Israel al comienzo de sus ataques en octubre de 2023 y le ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia acusado de genocidio. En la misma línea, el 9 de marzo Israel ha cortado completamente el suministro eléctrico, mínimo y dedicado exclusivamente a alimentar la única planta potabilizadora de agua en funcionamiento.

Las tácticas dilatorias de Netanyahu para ganar tiempo y hacer fracasar acuerdos previamente alcanzados son una constante en su historial y están detalladamente descritas por él mismo en sus memorias. Tras el enésimo retraso, estaba prevista su audiencia en uno de los juicios por corrupción en que está envuelto, y la noche anterior solicitó su suspensión por la reanudación de los bombardeos sobre Gaza. Más de 400 vidas truncadas en una sola madrugada siguiendo instrucciones de un criminal en búsqueda y captura por la Corte Penal Internacional.

Exigimos al Gobierno de España la suspensión inmediata de relaciones comerciales, económicas y diplomáticas con Israel, un Estado encausado formalmente por genocidio ante los tribunales internacionales, y en cumplimiento, entre otras, de sus obligaciones como firmante del Estatuto de Roma.

Como mínimo, el Gobierno debe poner fin explícitamente al comercio de armas con Israel, ya que está incumpliendo el Tratado de Comercio de Armas, ratificado por España. La legislación española, además, añade que se debe suspender ese comercio cuando perturbe la paz, estabilidad y seguridad territorial, algo flagrante en este caso.

No adoptar oficialmente ninguna medida ante esta situación y en estas circunstancias convierte a las autoridades españolas en colaboradoras de estos crímenes y garante de su impunidad».