Del responsable de los campos de concentración al monumento a los fascistas italianos: las calles franquistas que la Fiscalía urge a cambiar en Santander en un mes
De los aviadores que bombardearon civiles a fundadores de Falange, de la división armada que combatió junto a Hitler al responsable de la puesta en marcha de los campos de concentración que levantó el franquismo, hasta militares destacados por su represión de la población civil cántabra o el ejército de la Italia fascista de Mussolini que entró en Santander, y todo aderezado con hechos que la dictadura militar elevó a la categoría de mitos en su propaganda, de militares presentados como «mártires» o escenarios de batallas que ganaron o que convirtieron en escarmiento de la España que defendió un régimen con elecciones y libertad de asociación, manifestación o huelga.

Calle Camilo Alonso Vega
Todo eso sigue siendo ensalzado por el callejero de Santander. Conviene recordarlo porque es un argumento recurrente: el callejero no es un repaso a hechos históricos (incluso si así fuera, una dictadura de 40 años estaría sobrerrepresentada respecto a otros períodos), sino un catálogo de personas, lugares, etc.. que al situar en la escena pública se convierten en referentes. Lo sabe cualquiera que haya visto como se pedía, por ejemplo, una calle para Vital Alsar o Seve Ballesteros cuando falleció, y basta un repaso para comprobar que se nos pone como ejemplo a Pereda, Menéndez Pelayo… Nadie se imagina una calle a ETA o uno de sus miembros, y sí a las víctimas de atentados, por eso, porque el callejero refleja valores y en Santander su derecha no se ha atrevido a sustituir, pese a que está incluso contradiciendo no sólo leyes estatales que un partido «de orden» debería cumplir, sino sus propios acuerdos municipales.
La Fiscalía Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria ha instado formalmente al Ayuntamiento de Santander a ejecutar de inmediato los acuerdos plenarios de 2015 y 2016 que ordenaban la retirada del callejero municipal de dieciocho denominaciones vinculadas al franquismo, así como de dos monumentos públicos.
La petición, adelantada este lunes por la Cadena SER, se basa en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y en los artículos 29 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El escrito, firmado por el fiscal Carlos Yáñez Martínez, da al Consistorio un mes de plazo antes de iniciar acciones judiciales y proponer posibles sanciones por infracción grave.
La solicitud es consecuencia directa de una denuncia registrada el 13 de febrero de 2025 por representantes de las asociaciones Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Desmemoriados, Héroes de la República y Memoria de Laredo, que alertaban de la persistencia de simbología franquista en la ciudad pese a los acuerdos adoptados en sede municipal.
Además, más de treinta personas firmaron en junio de 2024 una denuncia por presunto delito de prevaricación, centrada en la permanencia de las calles General Dávila y Alonso Vega Martínez. Aunque esta vía penal fue archivada por el principio de intervención mínima, la Fiscalía recomendó el recurso contencioso-administrativo como vía más adecuada para corregir la ilegalidad.
“Hoy vivimos como vivimos gracias a quienes sufrieron represión y privación de derechos”
📍 Las calles
- Alcázar de Toledo
Glorificación del asedio del Alcázar, convertido en propaganda franquista de guerra. - Alto de los Leones
Nombre de un paso estratégico usado por las tropas golpistas en su avance hacia Madrid. Asociado a la ofensiva militar franquista durante la Guerra Civil. - Alféreces Provisionales
Cuerpo creado por el régimen para incorporar mandos improvisados, muchos de los cuales participaron activamente en la represión posterior a la guerra. - Belchite
Pueblo destruido en la contienda, que el franquismo mantuvo en ruinas como símbolo propagandístico y lugar de peregrinación ideológica. - Brunete
Batalla elevada a mito bélico por la dictadura, utilizada como elemento de exaltación del esfuerzo militar de los sublevados. - Camilo Alonso Vega
Ministro franquista, responsable de la represión política como titular de Gobernación. Gestionó campos de concentración y cuerpos represivos. - Capitán Cortés
Oficial franquista muerto en combate, convertido por el régimen en mártir de su «cruzada». Su figura se usó para reforzar la narrativa de heroicidad del franquismo. - Carlos Haya
Aviador del bando sublevado, implicado en bombardeos aéreos sobre población civil. Elevado por el régimen como modelo de entrega militar tras fallecer en accidente. - Columna Sagardía
Unidad militar del ejército franquista, responsable de matanzas de civiles, como en Pallars Sobirà (Cataluña). Reconocida por su brutalidad en la retaguardia. - División Azul
Unidad de voluntarios enviados por Franco a combatir junto al ejército nazi en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Símbolo de alianza ideológica con el fascismo europeo. - García Morato
Piloto franquista que participó en bombardeos y fue convertido en héroe de guerra por la propaganda del régimen. - General Díez de Villegas
Militar del franquismo condecorado por su papel en la represión. Formó parte del aparato de castigo en la posguerra. - General Dávila
Jefe del ejército franquista en la ocupación de Cantabria tras 1937. Coordinó la represión en la región, incluida la persecución de sindicalistas y demócratas. - General Moscardó
Defensor del Alcázar de Toledo, elevado a figura legendaria por el franquismo. Participó en la estructura represiva del régimen. - Montejurra
Lugar convertido en símbolo de la ultraderecha carlista, escenario de un atentado violento en 1976 en el que participaron elementos del tardofranquismo. - Ruiz de Alda
Cofundador de Falange Española, organización fascista que sustentó ideológicamente el régimen. Promotor del discurso antidemocrático y represivo. - Sargentos Provisionales
Escalón intermedio del aparato militar franquista. Muchos de ellos participaron en tareas represivas durante y después de la Guerra Civil. - Zancajo Osorio
Gobernador civil franquista en Santander durante la posguerra. Su mandato se asocia con la consolidación de la represión política en la región.
Y no son las únicas calles: La Vorágine ha elaborado un libro en el que recopila todos los rastros del franquismo en el callejero de Santander
“El fascismo ahora presiona duro porque tiene una estructura detrás que no se ha desmantelado”
CONTRA LA LEY Y SUS PROPIOS ACUERDOS
Los acuerdos municipales ahora señalados como incumplidos fueron aprobados en los plenos del 27 de agosto de 2015 y del 31 de mayo de 2016. En ellos se mandó suprimir toda exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura, presente en calles, placas, escudos o monumentos de la ciudad. La propuesta, elaborada por la comisión de estudio del Consejo Municipal de la Cultura, incluía la eliminación de dieciocho nombres de calles y otros elementos simbólicos.
La Fiscalía considera que el Ayuntamiento ha incumplido no solo sus propios acuerdos firmes, sino también las obligaciones establecidas por la Ley de Memoria Democrática, en especial su artículo 35, que califica como contrarios a la memoria democrática todos los elementos públicos que exalten el golpe de Estado, la dictadura o sus estructuras represivas. También recuerda el artículo 40 de la misma ley, que obliga a retirar honores o distinciones otorgados a figuras vinculadas al franquismo, y el artículo 60, que tipifica como infracción grave el mantenimiento de símbolos que supongan humillación para las víctimas.
En su escrito, la Fiscalía subraya que el cumplimiento de esta ley no es una opción sujeta a valoración política o ideológica, sino una obligación legal derivada del artículo 9 de la Constitución Española, que establece el deber de los poderes públicos de cumplir y hacer cumplir las leyes. Asimismo, respalda su postura con referencias a normas internacionales como la Resolución 60/147 de Naciones Unidas o la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que consagran el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El Ministerio Fiscal advierte que, de no ejecutarse los acuerdos en el plazo de un mes, iniciará el procedimiento judicial correspondiente e informará a la Dirección General de Memoria Democrática para que valore la apertura de un expediente sancionador.
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