
El PRC pedirá explicaciones por los cerca de 700.000 euros reconocidos en facturas fuera de contrato del mantenimiento de escaleras mecánicas
El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander pedirá en el Pleno ordinario de este jueves explicaciones y responsabilidades por los cerca de 700.000 euros pagados en, al menos, 54 facturas fuera del contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de la ciudad, las registradas hasta el 31 de enero.
Tener las escaleras mecánicas fuera de contrato resta garantías y control
En un comunicado, el PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ha recordado que el contrato de mantenimiento integral de escaleras, rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y el ascensor inclinado de Santander concluyó el 30 de septiembre de 2021. Desde entonces, este servicio se ha gestionado mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, lo que ha derivado en un mantenimiento considerado “insuficiente y caro”, según su valoración.
Los regionalistas denuncian que esta situación ha provocado que las numerosas incidencias no se solucionen con la “debida celeridad”, afectando negativamente a la ciudadanía. Lo atribuyen a una “falta de acción, desorganización y ausencia de gestión” por parte del Ayuntamiento, que no ha formalizado un nuevo contrato a tiempo.
Aunque el Consistorio ha iniciado el procedimiento para licitar un nuevo contrato, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el 26 de febrero de 2025, el Grupo Regionalista advierte de que no se formalizará hasta finales de abril o mayo, si no surgen contratiempos. Por ello, han registrado una batería de preguntas para el Pleno de esta semana relativas a este contrato.
Entre ellas, pedirán explicaciones sobre el retraso en la tramitación del nuevo contrato y las 54 facturas sin contrato, que suponen un importe cercano a los 700.000 euros. Además, preguntarán si la Intervención Municipal ha realizado algún reparo y si se han tomado medidas para “exigir responsabilidades disciplinarias, administrativas, contables o penales”, por lo que consideran una normalización de expedientes fuera de concurso público.
Según han detallado, ya se han tramitado cuatro expedientes extraordinarios por un total de medio millón de euros y se prevén uno o dos más para cubrir los 200.000 euros restantes y lo que se genere hasta la entrada en vigor del nuevo contrato.
También cuestionarán los motivos por los que no se prorrogó el contrato inicial, a pesar de que el mantenimiento se considera una prestación esencial. Preguntarán cuándo tuvo conocimiento el Ayuntamiento de la negativa de la empresa adjudicataria a renovar el contrato y por qué no se tramitó una prórroga en los términos permitidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
En ese sentido, interpelarán sobre por qué el equipo de Gobierno ha decidido autorizar prórrogas en otros contratos con la misma empresa, como el de mantenimiento de montacargas y ascensores, pero no en el caso de las escaleras mecánicas.
También cuestionarán cómo se justifica que se pague el mismo importe mensual con o sin contrato y si se han garantizado las mismas prestaciones contractuales desde octubre de 2023.
Por último, el PRC preguntará por la falta de desarrollo de sistemas que permitan a la ciudadanía visualizar en tiempo real el estado y funcionamiento de los equipos, así como sobre el uso de tecnologías de mantenimiento predictivo, contempladas en el contrato concluido en 2021.
Otras cuestiones en el Pleno
En el Pleno del próximo jueves, el Grupo Municipal Regionalista también pedirá explicaciones sobre el paradero de las barandillas originales retiradas en El Sardinero por su mal estado, y si existe alguna intención de sustituir las actuales, que “no respetan la estética de las originales”, por un diseño igual al anterior.
Asimismo, se interesarán por el cumplimiento de la Ley 7/2022, que regula la gestión de residuos urbanos, así como las medidas adoptadas para implementar la recogida separada de biorresiduos, textiles y otros residuos específicos, y los plazos previstos para su aplicación.
El PRC quiere conocer si el coste del nuevo impuesto será trasladado a la ciudadanía o si se han considerado alternativas de financiación. Además, preguntarán por los recursos y partidas presupuestarias asignados para garantizar la implementación efectiva de estas disposiciones.
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