Los juzgados de violencia sobre la mujer en Cantabria registraron durante el año 2024 un descenso significativo en el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su pareja o expareja. En total fueron 218 mujeres, lo que supone un 39,1 % menos que en 2023, cuando ejercieron ese derecho 358 víctimas.

La dispensa es un derecho en todo proceso judicial a no declarar contra pareja o familiar para no perjudicarle, toda vez que cuando se declara como testigo se tiene la obligación de decir la verdad, mientras que cuando se declara como acusado, se tiene derecho a mentir. En violencia de género, muchas veces la víctima, la mujer, es la principal testigo de la agresión, y las situaciones de dependencia emocional o económica, o miedo, pueden llevar a que la mujer prefiera no declarar, lo que está detrás del archivo de muchos de los casos.

El dato en descenso representa a una de cada diez mujeres de las 2.033 que figuraban como víctimas en las 2.459 denuncias registradas en los juzgados cántabros, según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El uso de la dispensa, recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es una de las causas que puede llevar a un sobreseimiento provisional de las causas, una situación que se produjo en el 43 % de los casos tramitados en Cantabria. En total, el 48,2 % de las denuncias terminaron archivadas, ya fuera de forma provisional o libre.

Por otra parte, el informe refleja que cuatro de cada diez órdenes de protección solicitadas no fueron concedidas. De las 464 peticiones, los juzgados acordaron 277, lo que representa el 60 %. Este dato está por debajo de la media nacional, que se situó en el 66 %.

Los juzgados de guardia, que atienden fuera del horario habitual de los especializados, dictaron 83 órdenes de protección de las 108 solicitadas, es decir, el 77 %.

Las órdenes de protección solicitadas implican tanto medidas penales como civiles, en función de los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En conjunto, se adoptaron 786 medidas judiciales, entre ellas 258 prohibiciones de comunicación, 250 órdenes de alejamiento y 112 suspensiones de tenencia de armas. También se registraron medidas civiles como la atribución de la vivienda (29 casos) o la prestación de alimentos (36).

En cuanto al perfil de las víctimas, 1.370 eran españolas y 663 extranjeras, además de cuatro menores tutelados. La mayoría de los casos en los que se solicitó protección judicial correspondían a mujeres mayores de edad y en una de las solicitudes figuraba una víctima menor española.

En relación con los denunciados, 325 eran hombres españoles y 139 extranjeros. La relación entre víctima y agresor reflejó que en casi la mitad de los casos existía una relación afectiva rota, mientras que en el 22 % la relación se mantenía. En el 14 % eran matrimonio y en otro 14 %, excónyuges.

A lo largo del año, se enjuició a 769 hombres por delitos de violencia de género en Cantabria, de los cuales 603 fueron condenados. El Juzgado de lo Penal nº 5, encargado de los delitos menos graves, dictó 418 sentencias, con 275 condenas. Por su parte, la Audiencia Provincial no celebró ningún juicio ni dictó resoluciones de apelación sobre esta materia.

Los datos se completan con un análisis de la tipología penal. La mayoría de las denuncias (1.142) correspondieron a delitos del artículo 153 del Código Penal, castigados con entre seis meses y un año de prisión. Otros 513 casos se encuadraron en el artículo 173 (violencia habitual), y 506 en quebrantamiento de pena.

¿Cómo actuar ante un caso?

En Cantabria operan entidades como el Centro de Información y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Gobierno de Cantabria. El teléfono 016 es gratuito y no deja rastro en la factura. También se puede contactar con asociaciones como Consuelo Berges, con atención social, jurídica y psicológica para mujeres víctimas.

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