María Antonia tiene 77 años. Hace 15 días tuvo que desplazarse una ambulancia hasta su casa porque sufrió un ataque de ansiedad. Finalmente, el desahucio no se ejecutó. No fue necesario hospitalizarla.

Hoy ha sido necesaria la atención sanitaria de nuevo. Una ambulancia se ha llevado al hospital a María Antonia y a David, tras una llamada de la Guardia Civil. Después se ha procedido a tapiar la puerta de la vivienda.

«Vergüenza me daría desahuciar a una abueluca», gritaban los activistas en la entrada de la Urbanización. Y señalaban la violencia que supone esta situación, mientras aplaudían a la salida de la ambulancia.

Los activistas que estaban en la casa han tenido que sacar las pertenencias de la familia. Sin poder recibir la ayuda de quienes estaban fuera y querían colaborar. Contaban que no se han resistido, pero que habían recibido algunos empujones de los agentes para que salieran del inmueble.

Esta vez, el aviso de desahucio llegó con mucha menos antelación. El lunes fue cuando David fue consciente de que este martes volvería la comitiva judicial para expulsarlos de su casa.

David cuenta que no ha habido mucha comunicación por parte de las fuerzas de seguridad. La orden era de poder ejecutar lo que no se hizo 15 días antes. A las 7 de la mañana ya era imposible acceder a la urbanización por ninguna de las entradas. Y había agentes desplegados en varios puntos de ella para evitar que nadie pudiese entrar.

Un pequeño grupo de activistas llegó por la noche para acompañar a la familia. Otro grupo se quedó a la espera junto a la puerta principal de la Urbanización.

La semana pasada, la representación legal de la familia interpuso un recurso de nulidad para evitar el desahucio. Esgrime que el Comité de Derechos Económicos, Soiales y Culturales de Naciones Unidas ha pedido que no se ejecute el lanzamiento mientras no haya una alternativa habitacional para la familia.

Este recurso recoge las resoluciones judiciales que certifican el desahucio, pero defiende que esa petición de la ONU no ha sido tenida en cuenta en las argumentaciones para proceder al desalojo.