La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha trasladado al Congreso de los Diputados su preocupación ante el incremento de los desahucios forzosos en Cantabria, con especial atención al caso ocurrido en Sancibrián, en Santa Cruz de Bezana. La diputada del Grupo Mixto Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha registrado una pregunta parlamentaria al Gobierno tras el desalojo de una familia en situación de vulnerabilidad, ejecutado el 1 de abril pese a la existencia de medidas cautelares de Naciones Unidas que exigían su suspensión.

Los hechos se remontan al 17 de marzo, fecha del primer intento de desahucio. Ese día, la PAH había convocado una concentración pacífica frente a la vivienda para impedir el lanzamiento, que finalmente no se produjo. El operativo desplegado entonces por la Guardia Civil, según la plataforma, contaba con unos 30 agentes y un número elevado de vehículos.

Sin embargo, este martes se ha repetido el intento de desalojo, esta vez con éxito, y con una presencia policial aún más numerosa.

Desahucian a María Antonia y David en Sancibrián

La actuación se realizó, según denuncia la PAH, en contra del requerimiento emitido el 20 de enero de 2025 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instaba al Estado español a suspender el desalojo hasta que se proporcionara una alternativa habitacional a la familia afectada.

En este contexto, Belarra ha dirigido al Gobierno una batería de cinco preguntas parlamentarias para esclarecer si el órgano judicial encargado del lanzamiento solicitó el auxilio de la fuerza pública, si especificó el número de agentes necesarios y, en caso contrario, quién decidió el despliegue exacto y bajo qué criterios.

Además, la diputada cuestiona los protocolos estatales aplicables cuando se ordenan desalojos a personas sin alternativa habitacional, especialmente en los casos en que existen medidas internacionales vigentes.

La PAH denuncia que este no es un caso aislado, sino un ejemplo más de la reactivación de desahucios en todo el Estado sin garantías ni respeto a los derechos humanos. La organización recuerda que España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que la obliga a acatar las resoluciones del comité correspondiente. En años anteriores, este órgano ha determinado que ciertos desalojos en España han vulnerado el derecho a la vivienda.

“La intervención policial fue completamente desproporcionada para un procedimiento que afectaba a una vivienda habitual y a personas vulnerables”, ha denunciado la plataforma. “Desoír a Naciones Unidas no solo es una falta grave de responsabilidad institucional, sino un desprecio directo a las familias que ven vulnerado su derecho más básico: tener un techo”.

La PAH ha anunciado que impulsará nuevas acciones de denuncia y movilización, tanto en Cantabria como a nivel estatal, para frenar los desalojos sin garantías y presionar por un cambio en las políticas públicas de vivienda.

En esta línea, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Cantabria, junto a más de veinte colectivos sociales, se suma a la convocatoria del Movimiento por una Vivienda Digna en Cantabria (MVDC), que este sábado 5 de abril a las 12:00 horas ha convocado una manifestación en la Plaza del Ayuntamiento de Santander bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’. La acción forma parte de una jornada estatal con movilizaciones en múltiples ciudades.

El Movimiento por una Vivienda digna en Cantabria llama a movilizarse en la manifestación del 5 de abril para acabar «con el negocio de la vivienda»

El MVDC está formado por colectivos como Stop-Desahucios, la Red Antidesahucios, la PAH y sindicatos de inquilinas, entre otros. Denuncian que el precio del alquiler en Cantabria ha alcanzado “niveles históricos”, con pisos de una habitación por 600 o 700 euros, una cifra desproporcionada frente al salario más frecuente en España, de 1.215 euros mensuales.

La movilización exige medidas como la reducción del 50% en el precio de los alquileres, contratos de alquiler indefinidos, expropiación de viviendas vacías en manos de fondos buitre y grandes propietarios, y la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional.

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