María Antonia ha recibido estas últimas semanas tanto apoyo que tiene la sensación de estar absorbiéndolo como con una esponja. Custodiada por la compañera que les ha acogido en su casa a ella y a su hijo, David, asistía este sábado a la concentración convocada en la Plaza del Ayuntamiento de Santander por el Movimiento por una Vivienda Digna en Cantabria.

María Antonia y David son las últimas personas desahuciadas visibles en Cantabria: esta semana tenían que abandonar la vivienda en la que llevaban residiendo décadas al no poder hacer frente el retén ciudadano antidesahucios al fuerte dispositivo de las fuerzas del orden desplegado (“nos trataron como terroristas”, se dolía todavía la mujer). Con todo, esta vez, y es un cambio que destacan, no se ha sentido sola: tras cuatro desahucios ejecutados en soledad, el quinto (el anterior, que se pudo parar hace escasas semanas) y este han podido contar con red de apoyo, nucleada en torno a los movimientos de vivienda y ciudadanos a título particular.

La vida cuando ves que no tienes adónde ir

Este ha sido un desahucio visible, de los que trascienden. Cada mes hay varios casos de desalojos que no trascienden (más, mucho más que las escasísimas ocupaciones que se producen y que cuentan con más foco mediático y político), que desde la anterior crisis se fueron desplazando de la hipoteca al alquiler (indicativo, entre otras cosas, de adónde están llegando las situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda).

Y están también los desahucios invisibles, comunicaciones de caseros de que se acaba antes el contrato (porque llega el verano y renta más una vivienda turística, porque se quiere subir los precios…) y hasta los no-desahucios porque no hay vivienda posible de la que expulsarte porque no pudiste acceder a ella.

“Que trabajen”, dijo un señor de paso, en una práctica bastante recurrente en Santander, la de cargar contra manifestantes, sin darse cuenta –seguramente, una víctima más de la propaganda- de que ese es el problema: los trabajos cada vez más precarios no son suficientes para la escalada de precios de la vivienda (y general), fruto de la presión inmobiliaria que en Cantabria se traduce en segundas residencias, fondos y turismo, sumado al peso del rentismo local (multipropietarios con varias propiedades que viven de las rentas que les generan).

A los desahucios invisibles, a la presión del turismo y los fondos, a la visión de la vivienda como un negocio en lugar de cómo un derecho, e incluso a la legalización de las empresas tipo Desokupa, sociedades que ganan dinero por funcionar como una pseudo milicia que asume funciones que en todo caso le corresponderían a las fuerzas del orden, a todo ello, decimos, se refería quien leía el manifiesto, una de esas señoras de la PAH habituales en las acciones antidesahucios –por aquí la recordamos, silla de plástico en ristre, del desahucio de Gema y Javi de Dávila Park). La ayuda mutua entre personas que han sufrido problemas similares, el conocimiento atesorado y la acción directa y concreta se encuentran entre el principal legado de colectivos como la PAH y de lo que empiezan a ser los sindicatos de inquilinas e inquilinos a nivel estatal.

MÁS VIVIENDA PÚBLICA Y MENOS FONDOS 

Los convocantes de la protesta reclaman medidas como una reducción del 50% en los precios de los alquileres, el fin de los desahucios (y no sólo los de los colectivos vulnerables, los teóricamente prohibidos ahora, argumento al que se aferran quienes sostienen que es imposible desahuciar inquilinos, contradiciendo la experiencia real como la de esta misma semana que evidencia que sí que se desahucia), la recuperación del parque de vivienda vacía, la expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre, y la ilegalización de las empresas de desocupación. Además, se pidió la prohibición de la compra de viviendas con fines especulativos y la creación de un sistema 100% público de alquiler social.

A la concentración asistían más de medio millar de personas, desde ciudadanos a título particular preocupados por el problema de la vivienda, hasta representantes de organizaciones sociales (de acceso a la vivienda, feministas e internacionalistas, centros sociales, sindicatos como UGT, CC.OO o CGT, o partidos políticos como Izquierda Unida, Podemos, Cantabristas o el PCPE).

Desde Izquierda Unida, su coordinador autonómico, Israel Ruiz Salmón, afirma que “ya está bien de medias tintas y recetas fallidas cuando estamos viendo que las rentas del trabajo, las nóminas a fin de mes de las familias trabajadoras, se van en alquileres que acaban en bolsillos ajenos gracias a la tibieza del PSOE y, en las comunidades autónomas como Cantabria, donde residen las grandes competencias, a la negativa del Partido Popular a poner coto a las viviendas turísticas y segundas residencias o limitar el precio de los alquileres».

Citas similares se producían en todo el país, convocadas por sindicatos de inquilinas e inquilinos (la palabra sindicato alude a la organización colectiva para ganar fuerza en negociaciones, como se produjo en su momento en el mundo del trabajo).

«Los inquilinos tenemos que empezar a negociar en bloque para tener más fuerza, como pasa en el mundo del trabajo»

“No lo vi venir”: El reto de organizarse para anticiparse a los desahucios por las viviendas turísticas

En Madrid, con 50.000 asistentes, estaba Gonzalo Álvarez, un joven cántabro, uno de tantos expulsados por la falta de oportunidades, que es miembro activo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que apelaba precisamente a la condición de «exiliados» de muchos paisanos como argumento para defender la bajada de precios de los alquileres. “Si no nos bajan ellos, nos bajaremos nosotras organizadas en la huelga de alquileres”, advertía, añadiendo que exigen la recuperación de la vivienda vacía, de la vivienda secuestrada actualmente por bancos, por fondos buitre y también por todos los pisos turísticos ilegales. “Exigimos que se expropien y que se pongan a disposición y control de la gente, de los inquilinos y de las inquilinas”, aseveraba.

La próxima cita del movimiento en Cantabria será el lunes 21 de abril, a las 19:00 horas, en el local de CGT para continuar organizando la respuesta colectiva a la emergencia habitacional.