La asociación Stop Macroplanta de purines y otros residuos en Hazas de Cesto lleva su lucha contra este proyecto más allá de la comarca de Trasmiera en la que se asienta, con una serie de charlas en distintos espacios sociales y culturales de Santander.

La iniciativa busca visibilizar en la capital cántabra los efectos que podría tener la macroplanta de biometano proyectada por Verdalia Bioenergy Hazas SL, no solo sobre Trasmiera, sino sobre el conjunto del territorio y en especial la bahía de Santander.

La ‘gira’ arranca este lunes 7 de abril en la Librería La Libre (Rampa de Sotileza 1), continúa el martes 8 de abril a las 19:30 horas en la librería y espacio de cultura crítica La Vorágine (Cisneros, 69)  y concluirá el jueves 10 en el Centro Cultural Eureka (San Simón 8), manteniendo en todos los casos el mismo horario, 19:30 horas.

La cita busca extender a la ciudadanía de la capital el conocimiento y la preocupación creciente ante la posible construcción de una macroplanta de biometano en la comarca de Trasmiera.

El acto se enmarca en la campaña de sensibilización vecinal que promueve este colectivo frente al proyecto impulsado por Verdalia Bioenergy Hazas SL, que plantea la instalación de una biorrefinería en terrenos públicos de la Junta Vecinal de Praves, en el municipio de Hazas de Cesto y detrás de la cual se encuentra la firma financiera estadounidense Goldman Sachs

Goldman Sachs, detrás del proyecto de planta de biogás en Hazas de Cesto

Una lucha que cruza comarcas

La plataforma ciudadana —integrada por vecinas y vecinos de municipios afectados como Hazas de Cesto y Ribamontán al Monte— alerta de que las consecuencias del proyecto trascienden a toda la comunidad. El posible impacto sobre el río Pontones, que desemboca en la bahía de Santander, y la cercanía a espacios de valor ambiental y cultural como la cueva de La Garma o el Camino de Santiago del Norte, han sido algunos de los elementos clave del rechazo social.

Según denuncian, la planta afectaría tanto a la salud como a la calidad de vida de las poblaciones cercanas, el turismo y la economía local, mientras abre la puerta a la explotación del territorio con fines especulativos.

2.300 personas en la marcha por “vivir en paz”

El pasado 30 de marzo, la asociación organizó la marcha popular ‘Salvemos Trasmiera. 5 km para vivir en paz’, en la que participaron unas 2.300 personas, según estimaciones de la organización basadas en recuentos y registros visuales. La manifestación incluyó la lectura de un manifiesto que reclama una moratoria inmediata sobre este tipo de infraestructuras mientras no exista una legislación autonómica que regule su localización y características.

El colectivo propone que se prohíba instalar este tipo de plantas a menos de cinco kilómetros de cualquier núcleo de población, tal y como se está reclamando también a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cantabria.

Una recogida de firmas que no se detiene

Desde el 11 de marzo, la asociación impulsa una campaña de recogida de firmas para frenar el proyecto. Hasta el 1 de abril, se habían contabilizado 7.116 firmas, recogidas tanto a través de Change.org (4.082) como en formularios físicos en distintos puntos de Cantabria (3.034). La recogida continúa abierta.

El manifiesto que acompaña esta campaña subraya los riesgos asociados a la emisión de compuestos como ácido sulfhídrico, amoniaco o metano, además del impacto en el río Pontones y su desembocadura, que podría llegar hasta la ría de Cubas y la bahía de Santander.

Defensa del mundo rural, el turismo y la salud ambiental

El documento difundido por la plataforma también reivindica un modelo energético respetuoso con el entorno y critica que este tipo de infraestructuras, “sobredimensionadas y de interés privado”, se justifiquen como sostenibles cuando en realidad suponen una amenaza al territorio. La asociación recuerda que la hostelería genera más de 22.000 empleos en Cantabria y que este tipo de proyectos ponen en riesgo su viabilidad.

Además, expresan su apoyo al sector ganadero, “culpabilizado” para facilitar la llegada de este modelo industrial, y reclaman que las ayudas públicas se orienten al tratamiento de residuos in situ y no a macroinstalaciones sin planificación territorial.

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