El Defensor del Pueblo ha constatado deficiencias estructurales y ausencia de garantías básicas en los principales centros de internamiento de menores de Cantabria que incluye falta de formación en la atención a la discapacidad, no adaptación a las situaciones de colectivos vulnerables como el LGTBI o falta de atención especializada en situaciones de violencia paterno-filial.

Entre las principales deficiencias detectadas, según recoge el informe anual del Defensor del Pueblo, consultado por EL FARADIO, destacan la falta de protocolos diferenciadores entre menores de protección e infractores, la ausencia de reconocimiento médico en las primeras 24 horas tras el ingreso, o la falta de privacidad en las comunicaciones.

Las conclusiones se recogen tras una serie de inspecciones realizadas a lo largo de 2024 en el Centro de Acogida Especializado de Menores Valle de Cayón y el Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria, gestionados por entidades privadas. En total, se realizaron seis visitas a ambos centros.

Estas inspecciones se enmarcaron en programas con perspectiva de género, discapacidad e internamiento terapéutico, claves para evaluar si se respetan los derechos de menores privados de libertad.

El resultado ha sido la emisión de 16 recomendaciones, 23 sugerencias y cinco recordatorios de deberes legales, además de la apertura de expedientes administrativos.

Carencias estructurales y vulneraciones clave

En el caso del Centro de Acogida Valle de Cayón, gestionado por la UTE Valle de Cayón (Fundación Salud y Comunidad y Grupo Lagunduz), se observaron contenciones sin documentación formal, un sistema de quejas sin garantías y escasa especialización del personal en atención a menores con discapacidad o en situaciones de violencia filio-parental.

Por su parte, el Centro Socioeducativo Juvenil, gestionado por la Fundación Diagrama, presenta protocolos sin enfoque de diversidad o perspectiva de género, ausencia de personal de seguridad femenino y falta de adaptación normativa para menores con discapacidad.

PROBLEMAS EN COLECTIVOS VULNERABLES: DISCAPACIDAD, GÉNERO Y LGTBI

Dentro de los centros, el Defensor del Pueblo evaluó también proyectos dirigidos a colectivos específicos:

PROYECTO GÉNERO EN VALLE DE CAYÓN

En el Proyecto Género del Valle de Cayón, se evidencia la ausencia de atención diferenciada a menores infractoras, especialmente en situaciones de aislamiento. Durante las visitas, se documentaron prácticas de reclusión sin justificación suficiente y sin que existieran medidas específicas adaptadas a las necesidades psicosociales de las adolescentes, lo que representa una vulneración de las garantías básicas.

A ello se suma la falta de protocolos frente al acoso por identidad u orientación sexual, un vacío normativo especialmente relevante tratándose de un entorno de privación de libertad con alta presencia de adolescentes vulnerables.

No se han detectado medidas activas para abordar las violencias machistas o los factores estructurales que inciden en los procesos de exclusión.

El informe señala la necesidad de incorporar formación específica en igualdad y violencia de género para el conjunto del personal técnico y educativo, así como de reforzar los mecanismos de participación de las menores en la evaluación de su propio proceso educativo y terapéutico.

Y reclama que se revise la respuesta educativa y terapéutica, así como la efectividad de la
intervención, que se realiza con las personas menores de etnia gitana, incorporando la figura
mediadora cultural gitana a la vista de la circunstancia de especial vulnerabilidad de las
menores gitanas.

PROYECTO DISCAPACIDAD

En el Proyecto Discapacidad Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria, se evidenció la inexistencia de adaptaciones en los protocolos disciplinarios, lo que supone una forma de discriminación al aplicar las mismas reglas que al resto de internos sin tener en cuenta sus necesidades.

Se constata que solo un profesional del centro recibió formación específica en discapacidad en todo 2023, y que los espacios utilizados durante el ingreso y las contenciones tienen un carácter inadecuado, con características carcelarias y un posible impacto psicológico negativo.

Asimismo, se advierte de la ausencia de adaptaciones en los programas terapéuticos de drogas y adicciones, y la inexistencia de un sistema de registro de autolesiones, lo que impide su análisis y prevención, especialmente en un colectivo con mayor vulnerabilidad en situaciones de crisis.

Y aunque el centro dispone de protocolos para la detección y atención de la discapacidad, se documentaron casos en los que no se aplicaron adecuadamente, incluso cuando existía un grado reconocido de discapacidad del 43 %.

El informe también subraya que el protocolo de prevención del riesgo suicida no recoge expresamente factores asociados a discapacidad intelectual, y que la formación del personal de seguridad se limita al uso de medios de contención, sin detallar contenidos sobre intervención con personas con discapacidad. Ante esta situación, se recomienda notificar expresamente al juez y fiscal de menores los ingresos de personas con discapacidad, así como garantizar su tratamiento diferenciado y adaptado, recomendaciones que hasta la fecha de la última actualización no han recibido respuesta por parte de la administración autonómica

PROYECTO GÉNERO EN EL CENTRO SOCIOEDUCATIVO

El proyecto con enfoque de género del Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria presenta una serie de deficiencias señaladas en la visita, especialmente vinculadas a la falta de perspectiva de género y diversidad en los protocolos de intervención. Uno de los principales problemas detectados es que la plantilla de seguridad es exclusivamente masculina, lo que puede influir negativamente en la experiencia de las menores internadas y limita las opciones de atención personalizada.

Asimismo, los protocolos del centro no incluyen referencias a antecedentes de protección, identidad de género u orientación sexual, ni variables LGTBI, a pesar de tratarse de un colectivo con mayor exposición a situaciones de discriminación o violencia institucional. El lenguaje empleado en la normativa y documentación también carece de enfoque inclusivo, lo que refuerza un modelo asistencial sin sensibilidad hacia la diversidad sexual y de género.

Por otro lado, incide en la importancia de protocolos específicos de detección, protección y acompañamiento ante posibles situaciones de acoso, violencia de género o discriminación por motivos de identidad. Se valora positivamente la implantación progresiva de una figura de coordinación de bienestar y protección, tal como establece la Ley Orgánica 8/2021, aunque su funcionamiento aún no está consolidado. La falta de formación del personal en materia de igualdad y diversidad limita la efectividad de las medidas adoptadas y la prevención de situaciones de riesgo.

Y se insta a incorporar protocolos específicos para menores LGTBI, garantizar la presencia de personal femenino en tareas de seguridad y mejorar la recogida de datos mediante la inclusión de variables de género, identidad y orientación sexual en los registros del centro.

Cantabria en el contexto estatal

En general, Cantabria presenta un nivel medio de cumplimiento en comparación con otras comunidades. En materia de contenciones, comparte deficiencias con autonomías como Castilla y León o Canarias. En cuanto a reconocimientos médicos, sólo uno de los ocho casos analizados cumplía el plazo legal, un dato similar al registrado en Navarra.

Las carencias en formación, registros y adaptaciones para la discapacidad son generalizadas a nivel estatal. No obstante, Cantabria muestra ciertos avances en la implementación documental. 

Sobre el MNP

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) es un organismo del Defensor del Pueblo, independiente y con funciones de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que realiza un informe específico dentro del balance anual del Defensor del Pueblo y sin que dependa de que se solicite por afectados.

El MNP realiza visitas periódicas a centros donde hay personas privadas de libertad y emite recomendaciones vinculadas al cumplimiento de derechos humanos. Opera bajo el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, vigente en España desde 2006.

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