Ecologistas en Acción recurre el plan del Gobierno de Cantabria para matar 41 lobos en un año
Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria que autoriza la extracción de 41 ejemplares de lobo ibérico (Canis lupus signatus) durante la temporada 2025/2026. La entidad considera que la medida carece de base legal, vulnera normativas ambientales y pone en riesgo la conservación de la especie.
La resolución, publicada el 2 de abril en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), coincide con la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, norma que introduce una modificación del estatuto jurídico del lobo al excluir de protección las poblaciones al norte del río Duero. Ecologistas en Acción sostiene que esta reforma legal es inconstitucional, al introducir modificaciones sobre biodiversidad en una norma ajena a esta materia y sin participación pública previa, lo que contraviene los artículos 9.3, 23 y 45 de la Constitución Española.
En su recurso, la organización solicita además la suspensión cautelar de la resolución hasta que se resuelva su legalidad, advirtiendo del “daño irreversible” que supondría la muerte de los 41 lobos autorizados.
Incumplimiento de normativas ambientales
Ecologistas en Acción denuncia que la resolución no cumple los requisitos que establece la legislación nacional y europea para permitir excepciones al régimen de protección del lobo, incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) desde 2021 por la Orden TED/980/2021. Según esta norma, sólo pueden autorizarse extracciones si:
- No existe otra solución satisfactoria.
- No se pone en peligro el estado de conservación favorable de la especie.
- Se justifica un perjuicio grave y recurrente para la ganadería.
La entidad sostiene que ninguno de estos criterios se cumple en el caso cántabro. Según su análisis, no se ha acreditado adecuadamente el número de ataques atribuidos al lobo ni se ha evaluado la efectividad de medidas preventivas, como el uso de mastines, cerramientos, o agrupamiento del ganado, que apenas recibieron 200.000 euros de inversión en 2022. Tampoco se ha determinado si los ejemplares a abatir son los causantes de los daños, incumpliendo así el principio de selectividad exigido por la normativa europea.
Cifras infladas y estimaciones sin rigor
Otro de los puntos más controvertidos del recurso es la metodología utilizada por el Gobierno de Cantabria para calcular el cupo. La administración estima que en la comunidad hay 23 manadas, con una media de 9 lobos por manada, lo que arrojaría una población de 207 individuos y justificaría la eliminación del 20% (41 lobos).
Ecologistas en Acción considera que esta cifra está muy por encima de la realidad. Estudios científicos recientes sitúan la media entre 3,8 y 4,9 lobos por manada, y al menos 9 de las manadas mencionadas están compartidas con otras comunidades autónomas. La organización estima que la ejecución de esta resolución podría suponer la desaparición de hasta la mitad de la población de lobos en Cantabria, sin tener en cuenta la mortalidad natural ni los casos de furtivismo.
Además, el recurso destaca que los datos empleados por el Gobierno regional no han sido validados por el censo nacional del lobo, que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y cuya publicación está prevista para junio.
Una especie con conservación “desfavorable”
El documento recuerda que el lobo ibérico ha sido considerado por informes del propio MITECO y de la Comisión Europea como una especie en estado de conservación “desfavorable-inadecuado” en las regiones biogeográficas atlántica, alpina y mediterránea. Esta situación exige, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cualquier medida de control letal sea excepcional y rigurosamente justificada.
La organización ecologista denuncia además que el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria reintroduce la posibilidad de caza del lobo dentro de la actividad cinegética ordinaria, algo que consideran contrario al principio de conservación y al deber de adoptar políticas activas para proteger la biodiversidad.
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