Podemos y Alianza Verde, a través de la eurodiputada Irene Montero, ha presentado una pregunta formal ante la Comisión Europea sobre la legalidad de los planes de caza del lobo anunciados por las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia. Según Podemos, estos planes, que permiten la caza de lobos en el norte del Duero, son contrarios a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), que establece que el lobo no puede ser considerado especie cazable cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable.

Cantabria ha anunciado públicamente su intención de permitir la caza de 41 lobos, lo que representaría en torno al 20 % de la población estimada de esta especie en el territorio cántabro. La decisión llega tras la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), y se enmarca en un contexto en el que otras comunidades del norte, como Asturias y Galicia, han adoptado decisiones similares.

Podemos y Alianza Verde consideran que estas decisiones infringen la normativa europea, particularmente la Directiva sobre los Hábitats, que exige que las medidas de gestión de especies, como la caza, tengan como objetivo garantizar el mantenimiento o restablecimiento de estas especies en un estado de conservación favorable. En este sentido, la formación ha solicitado a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si estas actuaciones son ajustadas a Derecho.

Además de esta medida, Podemos ha denunciado la caza del lobo ante el Defensor del Pueblo y el Comité de Aarhus, ya que considera que la gestión de esta especie no está cumpliendo con los principios de transparencia, participación pública y acceso a la justicia ambiental que exige la legislación europea.

“La caza del lobo no responde a una necesidad de control de la especie, sino a intereses particulares que ponen en peligro el futuro de esta especie emblemática y esencial para el equilibrio de nuestros ecosistemas”, han declarado desde de Podemos.

La pregunta a la Comisión Europea, junto con las denuncias ante el Defensor del Pueblo y el Comité de Aarhus, son parte de la firme postura de Podemos en defensa de los derechos medioambientales y el cumplimiento de la legislación europea en materia de conservación de especies.

Por potra parte, la Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha desestimado el recurso de alzada presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la resolución que establece el cupo de extracción de ejemplares de lobo, en base al Plan de Gestión del Lobo, que establece en un 20 por ciento el número máximo de ejemplares a extraer y que, “atendiendo a criterios objetivos, científicos y técnicos” se ha fijado en 41.

Los servicios jurídicos de la consejería dictaminan que la misma es ajustada a derecho, no estando, por tanto, incursa en causa de nulidad ni anulabilidad, sin que proceda ni opere la suspensión de su ejecución, y considerando que el lobo debe tratarse como excluido del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Esto no significa que acabe el proceso, sino que se acaba la vía ante la administración y se abre la judicial: ASCEL podrá presentar un recurso contencioso-administrativa ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.