El Ayuntamiento ignoró en 2014 reclamaciones vecinales sobre irregularidades en el desarrollo de la actuación urbanística sobre el Divina Pastora

La actuación implicaba la construcción de un equipamiento municipal que una década después está cerrado y sin uso, como ha denunciado el PRC
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El proceso de transformación del antiguo colegio Divina Pastora en viviendas y un equipamiento público en el centro de Santander ya despertó reticencias vecinales hace una década, cuando se empezó a tramitar. La actuación implicaba la construcción de viviendas y un edificio municipal, a cargo del promotor, que diez años después no se ha puesto en uso pese a haber sido edificado, como viene denunciando el PRC de Santander.

El PRC de Santander denuncia la existencia de un edificio municipal con 5 plantas y 10 plazas de garaje «cerrado y abandonado» en la calle Santa Lucía

En 2014, según ha reconstruido EL FARADIO, el Ayuntamiento recibió una alegación firmada por vecinos del entorno que denunciaban una serie de incumplimientos en el Estudio de Detalle del proyecto. A pesar de que algunas de las observaciones señalaban errores técnicos o incumplimientos normativos, el Consistorio las desestimó todas, permitiendo que la operación siguiera adelante sin modificaciones.

En concreto, el documento vecinal planteaba ocho objeciones concretas, entre ellas la insuficiente anchura de aceras, la incorrecta definición de las alturas del sótano, la ausencia de un estudio geotécnico, o el riesgo para un árbol singular incluido en el catálogo municipal de especies protegidas.

En relación con la accesibilidad, la alegación señalaba que en una zona de tránsito escolar como la calle Moctezuma, las aceras quedarían por debajo de los 1,50 metros mínimos exigidos por la Orden VIV/561/2010. La respuesta municipal fue que esa adecuación correspondía al Ayuntamiento, no al promotor privado, ya que se actuaba sobre suelo urbano consolidado.

También se advertía de una sobresaliente de 1,50 metros en el denominado «sótano 0», lo que lo descalificaba como tal según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento lo rebajó a 1,40 metros y lo calificó como “semisótano”, aunque reconoció que el término usado era erróneo. En cualquier caso, lo consideró irrelevante para la viabilidad urbanística.

Otro punto crítico era la ausencia de un cuadro justificativo de la edificabilidad (estimada en 3.200 m²). El Ayuntamiento argumentó que este tipo de comprobaciones no corresponden al Estudio de Detalle, sino a fases posteriores del proyecto técnico.

Además, los vecinos cuestionaban el diseño de los buhardillones, al estar el inmueble situado en una zona de protección ambiental que requiere mantener la tipología tradicional.

EL AYUNTAMIENTO RESPONDIÓ A LAS ALEGACIONES DE LOS VECINOS ASEGURANDO QUE LAS INFOGRAFÍAS NO TENÍAN CARÁCTER VINCULANTE

El Consistorio alegó que el diseño concreto no se fijaba aún en esta fase y que las infografías no tenían carácter «vinculante», en un momento político en el que eran la norma las infografías de proyectos –-como la torre en las Estaciones o el ascensor panorámico en Peñacastillo, sin olvidar la torre bioclimática en La Remonta–

Sobre la afección a un ejemplar de Araucaria excelsa, el informe reconocía su protección por el PGOU pero consideraba aventurada la suposición de daño.

En el caso del estudio geotécnico, que se solicitaba para garantizar la seguridad de edificios colindantes ante excavaciones, se respondió que se trataría en el proyecto técnico posterior.

Pese a reconocer algunas imprecisiones en los planos o denominaciones incorrectas, ninguna de las alegaciones derivó en una modificación del documento aprobado. El Ayuntamiento concluyó que el Estudio de Detalle cumplía su función formal de ordenar volúmenes, alineaciones y rasantes, y que el resto de cuestiones eran competencia de otras fases del planeamiento.

El equipamiento público comprometido en el proyecto —justificación principal para su aprobación— no ha sido puesto en uso hasta la fecha, como ha recordado la semana pasada el portavoz del PRC en Santander, Felipe Piña, que llevará el asunto al Pleno.

La falta de ejecución de este espacio público, que se supone iba a compensar la pérdida de un colegio, contrasta con el avance de las viviendas privadas. La tramitación urbanística fue promovida por SIDECAN y las viviendas serían comercializadas por TECNIOBRAS.

El edificio municipal que lleva una década cerrado se justificó para no perder equipamientos públicos en Santander tras el cierre de un colegio

 

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