El concejal de Sanidad de Torrelavega, José Luis Urraca, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), organización que trabaja por el reconocimiento de derechos fundamentales como la libertad del paciente a morir sin dolor.

Durante el encuentro, ambas partes han coincidido en la importancia de que la ciudadanía conozca sus derechos en el ámbito sanitario y, especialmente, en el final de la vida.

En este sentido, desde DMD se ha destacado el papel fundamental que pueden desempeñar las instituciones locales como el Ayuntamiento de Torrelavega en la difusión y promoción de estos derechos.

Entre los temas tratados, se ha abordado la posibilidad de organizar actividades informativas dirigidas a la población, tales como charlas coloquio o jornadas divulgativas sobre cuestiones como las Voluntades Previas o Testamento Vital, el derecho a una Muerte Digna o los Derechos de los Pacientes.

Ambas partes han mostrado su disposición a profundizar en las relaciones institucionales y a explorar espacios de colaboración que permitan avanzar en la sensibilización y formación en torno a estos temas, fundamentales para la autonomía y dignidad de las personas.

🧭 ¿Cómo ejercer el derecho a la eutanasia en Cantabria?

Toda persona que cumpla los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/2021 tiene derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir en Cantabria. Este derecho se puede ejercer tanto de forma directa como anticipada (mediante documento de voluntades previas), y está regulado por un procedimiento garantista que asegura la evaluación médica, la deliberación informada y la supervisión jurídica del proceso.

El procedimiento se inicia con una primera solicitud escrita, firmada por la persona interesada y un profesional sanitario. Tras un proceso deliberativo y una segunda solicitud (pasados al menos 15 días), el caso es evaluado por un médico consultor independiente. Si los informes son favorables, el expediente se remite a la Comisión de Garantía y Evaluación (CGE) de Cantabria, que debe verificar que se cumplen todos los requisitos legales.

En caso de que la solicitud sea denegada en cualquiera de las fases, la persona tiene derecho a reclamar ante la CGE en un plazo de 15 días. Las resoluciones de la Comisión también pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 18 de la ley.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria es responsable de garantizar este derecho, así como de mantener actualizado el Registro de Profesionales Objetores de Conciencia (REPSOCAN), que permite asegurar la prestación incluso cuando haya personal objetor.

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