Verdes Equo ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución del Gobierno de Cantabria que autoriza la matanza de 41 ejemplares de lobo en el plazo de un año, después de que el PP colara en una tramitación en el Congreso una enmienda a otra Ley que abría la puerta.

No obstante, la formación ecologista considera que esta decisión no cuenta con el respaldo legal ni técnico necesario, ya que se ha adoptado sin el informe favorable del Comité de Flora y Fauna ni de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ambos de ámbito estatal.

La crítica llega en un momento en el que, según ha denunciado la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), ya se ha abatido al menos un lobo en el marco de esta campaña de extracciones.

El partido ecologista ha preguntado en el Congreso de los Diputados al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico si va a interponer algún recurso legal para paralizar las cacerías de lobos autorizadas por varias comunidades autónomas, siendo Cantabria la primera, que no cumplen el procedimiento legal establecido.

Verdes Equo critica que la publicación de la resolución el 2 de abril coincidió con la entrada en vigor de la Ley 2/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, cuya disposición final mantiene al lobo dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), pero únicamente al sur del río Duero. Esta situación genera inseguridad jurídica sobre el estatus de protección del lobo al norte del Duero, como es el caso de Cantabria.

Desde la formación ecologista se cuestiona el escaso rigor científico del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, que sustenta la decisión del Gobierno regional. Según dicho plan, existen 23 manadas confirmadas, de las cuales 9 comparten territorio con otras comunidades autónomas, un dato que no ha sido tenido en cuenta a la hora de calcular el número de ejemplares a abatir. Además, se establece un tamaño medio de nueve lobos por manada, una cifra que duplica la estimación media documentada en estudios sobre la Cordillera Cantábrica, que la sitúan entre cuatro y cinco individuos.

Verdes Equo también pone en duda los datos empleados sobre los daños atribuidos al lobo, que se estiman en 2.600 ataques en 2024 con un saldo de 3.200 animales muertos, principalmente ganado equino (40 %) y ovino y caprino (30 %). Ante estas cifras, el Gobierno regional ha presupuestado 1,7 millones de euros en indemnizaciones, aunque sin vincularlas a la aplicación de medidas mínimas de prevención como establecen la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el propio Plan de Gestión autonómico.

En este sentido, la formación ecologista plantea una serie de interrogantes clave: ¿cuántos animales muertos estaban realmente en libertad en los montes comunales? ¿Qué medidas de protección se estaban aplicando (pastores, estabulación, perros guardianes)? ¿Cuánto dinero público se ha destinado a medidas preventivas? ¿Cuántos pastores han sido contratados o cuántos mastines se han subvencionado? ¿Qué ayudas han solicitado las juntas vecinales para instalar vallados?

La base científica del plan también ha sido puesta en entredicho. De 50 estaciones de observación, sólo 3 arrojaron resultados positivos. De 49 estaciones de escucha, sólo 1. A través del fototrampeo se contabilizaron 203 individuos entre 2022 y 2023, y 255 entre 2024 y 2025, sin poder asegurar que se trate de ejemplares distintos. En total, solo se han confirmado 8 manadas con crías, mientras otras 8 no presentan indicios de reproducción y 7 son compartidas con otras comunidades.

Verdes Equo advierte de que estas prácticas de control poblacional sin criterios técnicos claros podrían provocar una desestructuración de las manadas, lo que, según estudios científicos, aumenta el riesgo de ataques al ganado doméstico. Además, recuerdan que estas extracciones se están realizando en plena época de cría, lo que agrava aún más el impacto sobre la especie.

También se denuncia la utilización del lobo como herramienta de confrontación política, generando una alarma social innecesaria que va en contra de lo establecido por la Orden MED/5/2019 del propio Gobierno de Cantabria, que promueve la minimización del conflicto como vía para la conservación.

Por todo ello, desde Verdes Equo reclaman un debate social con base científica, alejado de la crispación y centrado en garantizar una convivencia real entre ganadería y fauna salvaje, valorando el papel del lobo como especie clave para los ecosistemas.

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