Gracias al apoyo de decenas de personas, el 17 de marzo se pudo parar el desahucio de Toñi y David. Sin embargo, solo unas semanas más tarde volvieron a decretar su desahucio, y ya vez no hubo tiempo de pararlo. Fueron desahuciados de su vivienda en la que llevaban más de 32 años en Sancibrián (Santa Cruz de Bezana), a pesar de la situación de vulnerabilidad económica y social.

David está desempleado y Toñi, de 77 años, cuenta con una pensión de 600 euros y está en seguimiento psicológico en el centro de apoyo a la mujer en Santander. Ahora se les niega el derecho a una vivienda social con el argumento de que no hay viviendas disponibles.

Un día antes del primer intento de desahucio, y tras la polémica en prensa, la Dirección General de Vivienda ofertó en una reunión presencial con David dos viviendas sociales a la familia, una en Laredo y otra en Torrelavega. David pidió poder hablarlo con su madre, pero se le exigía una aceptación inmediata sin poder siquiera ver las viviendas (ni siquiera una foto) o tener más información. Al no ser así, y tras varios intentos infructuosos por parte de la familia para volver a reunirse, finalmente la Dirección General de Vivienda ha retirado esta oferta. Ahora ofrecen una ayuda del alquiler si la familia encuentra una vivienda por su cuenta.

En la misma reunión, a puerta cerrada, la Dirección de Vivienda reconoce que esa ayuda llevaría un retraso mínimo de entre uno y dos meses para cobrarse, y Toñi y David carecen de nóminas para poder acceder a un contrato de alquiler con un particular, según dice la PAH en una nota de prensa.

«Es indignante que a nuestro Gobierno regional se le llene la boca con el derecho a la vivienda, las VPO y las ayudas al alquiler y la compra, para luego, en privado, reconocer que no invierte en el derecho a la vivienda, que sus ayudan no funcionan, que llevan meses de retraso», según la asociación. Todo mientras se deja sin regular la existencia de viviendas vacías, segundas residencias sin apenas uso y pisos turísticos ilegales, reclamaciones que están cogiendo impulso entre los colectivos que defienden el derecho a una vivienda digna.

Reclaman a las administraciones públicas que realmente hagan su trabajo y velen y hagan cumplir el derecho constitucional del artículo 47 a una vivienda digna para toda la población. En este caso, para Toñi y David.