La Fiscalía de Cantabria ha logrado por primera vez que un juzgado de Santander reconozca la injusticia de una condena franquista impuesta a un ciudadano cántabro.

Se trata de Bernardo Incera Varela, un maestro de obras natural de Santander, condenado en 1937 a cadena perpetua por su militancia en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y su participación en el ejército republicano durante la Guerra Civil.

Este procedimiento pionero se ha desarrollado al amparo de la Ley de Memoria Democrática, que habilita a los juzgados para declarar la veracidad y circunstancias de hechos ocurridos en el pasado, como vía para garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición recogidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La resolución judicial, dictada tras la celebración de una vista oral, considera acreditado que Incera fue «sometido a un juicio sin garantías y condenado a cadena perpetua sin haber cometido infracción penal alguna», lo que constituyó una «privación de libertad arbitraria e inhumana», con consecuencias «demoledoras para su persona y muy perjudiciales para su familia directa».

La Fiscalía –que ya ha obligado al Ayuntamiento de Santander a cambiar el nombre de una quincena de calles que ensalzaban el franquismo, algo contrario a la Ley y que el PP local había dilatado durante una década-–  inició el procedimiento el pasado mes de enero, tras recibir una solicitud por parte de un familiar de la víctima. A partir de ahí, se recabó la documentación y se solicitó formalmente al juzgado la declaración de injusticia de la condena impuesta a Bernardo Incera Varela.

El perfil de Bernardo Incera: represión por defender la legalidad republicana

Según ha documentado el historiador Fernando Sígler Silvera, miembro de la asociación Casa de la Memoria La Sauceda, Incera fue detenido el 7 de septiembre de 1937 en Santander, apenas unos días después de que las tropas franquistas tomaran la ciudad. En ese momento tenía 27 años, vivía en la plaza de la Peña (¿tal vez La Leña?) y no tenía antecedentes penales. Se le acusó exclusivamente de haber militado durante un año en la CNT y de haber formado parte del ejército republicano, donde fue ascendiendo hasta alcanzar el grado de capitán en un batallón de ingenieros.

Fue condenado en un consejo de guerra sumarísimo junto a otros tres militantes de sindicatos de clase: dos afiliados a la UGT y un miembro de las Juventudes Socialistas. La sentencia se basó en su participación en la defensa del régimen legal de la Segunda República, lo que el tribunal franquista calificó como delito de «adhesión a la rebelión», en una evidente inversión de la legalidad.

Tras ser condenado, Incera cumplió condena en la prisión de Santander y desde el 1 de febrero de 1939, en el penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), uno de los centros penitenciarios donde se concentraron miles de presos políticos del franquismo. Fue liberado en 1940 bajo régimen de prisión atenuada, aunque no recuperó formalmente la libertad hasta 1943, tras una conmutación de la pena.

Su caso ilustra lo que la historiografía ha denominado como «justicia al revés», en la que los defensores de la legalidad republicana fueron acusados de rebelión por los mismos que habían perpetrado un golpe de Estado. La sentencia que lo condenó aplicaba el artículo 238 del Código de Justicia Militar de 1890, que los tribunales franquistas usaron para castigar la disidencia política durante la dictadura.

El reconocimiento judicial de la injusticia sufrida por Bernardo Incera supone un paso más en la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática, y se convierte en la primera vez que se emite una resolución de este tipo en Cantabria, promovida directamente por la Fiscalía.

LA CASA DE LA MEMORIA LA SAUCEDA

Su memoria fue recuperada  dentro del proyecto de investigación histórica y archivística  que  tiene como objetivo recuperar la memoria de los prisioneros nacidos en Cantabria que cumplieron condena en el Penal de El Puerto de Santa María durante la guerra civil y la posguerra, y que pueden consultarse en este enlace.

Con esta finalidad, la Casa de la Memoria, que desarrolla este proyecto con el patrocinio de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria –anterior legislatura, suprimida por el PP en esta–, procedió a recabar la digitalización de los expedientes carcelarios de los prisioneros cántabros que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. La copia del expediente fue entregada a un hijo suyo, que mostró su emoción al conocer el contenido de esta documentación.

La Casa de la Memoria La Sauceda es un centro de documentación, investigación y difusión dedicado a la memoria histórica de las víctimas de la represión franquista en Andalucía, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz. Se ubica en Jimena de la Frontera (Cádiz) y fue inaugurada en 2016.

Este espacio fue impulsado por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo, y cuenta con el respaldo de varias instituciones públicas. Su nombre hace referencia a La Sauceda, una aldea situada entre Cádiz y Málaga que fue bombardeada por la aviación franquista en 1936 y cuyos habitantes fueron víctimas de una masacre posterior en el cortijo del Marrufo, convertido en centro de detención y fusilamiento.

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