Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado en el día de ayer, miércoles 23 de abril, una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria contra María Jesús Susinos, Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y contra Ángel Serdio, Director General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.

EeA considera que los citados altos cargos han podido incurrir en varios delitos e irregularidades, al autorizar y ejecutar la orden por la que se han empezado a matar lobos en la comunidad autónoma.

Al director general se le responsabiliza de haber dictado la Resolución por la que se establece un cupo de extracción de 41 ejemplares de lobo en Cantabria, antes de que entrara en vigor la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que sacaba al lobo del LESPRE.

Asimismo, se cuestionan el informe técnico en el que se basa la actuación, firmado por él mismo, que sobreestima la población de lobos y omite el estado de conservación desfavorable de la especie, contraviniendo palmariamente la jurisprudencia del TJUE.

Ecologistas en Acción Cantabria recuerda que interpuso un recurso de alzada contra dicha resolución, solicitando su nulidad de pleno derecho y la suspensión cautelar de su ejecución, y que tan solo 2 días después la Consejera ya declaró públicamente que el recurso de Ecologistas en Acción iba a ser desestimado, obviamente sin haber tenido tiempo de analizar los motivos del recurso, lo que demuestra un total desprecio hacia un mecanismo esencial de un Estado constitucional, como es el derecho de los ciudadanos a las vías de impugnación.

Pero, además, es que a fecha 23 de abril de 2025, la Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dña. María Jesús Susinos Tarrero, no ha resuelto el recurso de alzada, ni se ha pronunciado sobre la solicitud de suspensión cautelar, a pesar de que las informaciones publicadas en estos últimos días indican que se han iniciado la matanza de lobos.

EeA considera que la Consejera de Desarrollo Rural podría haber incurrido en prevaricación si ordenó, permitió, o colaboró, por acción u omisión, en la ejecución de los abatimientos a pesar de conocer la solicitud de suspensión cautelar pedida en el recurso de alzada, y que debía resolver antes de permitir el abatimiento de los lobos, e ignorando el riesgo de daño irreversible a una especie protegida.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que ambos políticos serían también responsables de un posible delito contra la fauna al autorizar la muerte de 41 lobos, y el abatimiento de parte de ellos (se desconoce exactamente cuántos, ya que la Consejera no ha querido informar de ello) en un contexto de estado de conservación desfavorable, lo que podría constituir un delito contra la fauna, al causar un daño grave a una especie protegida por la Directiva Hábitats, y sin cumplir los requisitos legales, a sabiendas de que está actuación puede estar causando un daño irreversible para la conservación de la especie.