La decisión judicial emitida este 24 de abril de 2025 por un juzgado de Santander a instancias de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria, que declara injusta la condena franquista contra Bernardo Incera Varela, ha servido no solo para reparar parcialmente su memoria, sino también para ayudar a visibilizar a otros 387 cántabros represaliados por la dictadura. Todos ellos compartieron encierro en el penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), considerado el centro penitenciario más masificado del franquismo.

Incera, maestro de obras y militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fue condenado a cadena perpetua en 1937 por el delito de «adhesión a la rebelión», figura penal habitual para castigar a quienes defendieron la legalidad republicana. Alcanzó el grado de capitán durante la Guerra Civil y fue trasladado a El Puerto, donde permaneció hasta 1940, cuando se le concedió la prisión atenuada.

Declaran injusta la condena franquista a Bernardo Incera, maestro de obras cántabro represaliado por su militancia en CNT

La revisión de su caso ha puesto el foco en la labor de La Casa de la Memoria La Sauceda, que entre otras tareas de recuperación de la memoria ha desarrollado el proyecto Los Cántabros del Penal de El Puerto de Santa María. Con apoyo de la antigua Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, han recuperado los nombres, trayectorias y circunstancias de estas personas, víctimas de procesos sumarísimos, condenas desproporcionadas y condiciones penitenciarias extremas.

El penal, construido sobre el antiguo monasterio de La Victoria, albergó en 1940 a más de 5.400 reclusos, lo que suponía una quinta parte de la población de la localidad gaditana. Estaba catalogado como prisión central, destinada a presos políticos con largas condenas. Las condiciones sanitarias y alimenticias eran extremadamente precarias, y los trabajos forzados eran una práctica común. Actualmente, el edificio está reconocido como Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía.

Entre las historias rescatadas por la Casa de la Memoria La Sauceda figuran:

• Martín Setién San Emeterio, maestro de Colindres, dirigió los talleres profesionales de Gernika durante la Segunda República. Junto a su hijo Cesáreo, defendió la industria–objetivo de los golpistas, que llegaron a preferir bombardearla con el apoyo de los nazis y acabar con ella a aprovechar esa riqueza–. Fue condenado a 30 años por su colaboración con el Gobierno vasco. No recuperó la libertad hasta 1949.
• Fernando Villegas García, mecánico de Miengo, afiliado a UGT, fue condenado a muerte pero murió en la enfermería del penal el 3 de enero de 1940 por la tuberculosis contraída en prisión. Pese a ello, su expediente no se cerró y su condena siguió vigente hasta bien entrados los años sesenta.
• Francisco Sandoya Gutiérrez, sindicalista de UGT de Requejo, casado y con tres hijos.  Organizó la resistencia frente al golpe, cuidando de los aspectos materiales, y también protegió a personas vinculadas a la derecha o al cura del pueblo. Eso no fue tenido en cuenta por la ‘justicia’ franquista y fue condenado a reclusión perpetua, luego conmutada por ocho años –aunque la pena seguía incluyendo el alejamiento de su propia familia.
• Pedro Berroya Martínez, ingeniero industrial de Santander, director de Altos Hornos de Vizcaya. Trató de desplazarse a Valencia, donde estaba el gobierno legítimo republicano, en el barco Montseny, que fue apresado por los franquistas. Condenado a cadena perpetua por su responsabilidad técnica en la industria republicana, en una sentencia que juzgaba hechos que respondían a la legalidad republicana y en la que se mencionaba expresamente que era republicano y demócrata. Puesto luego en condicional, tenía que presentarse cada semana a comunicar su estado y solicitar permisos para desarrollar su vida profesional.
• José Silva Lastra, joven labrador de 22 años, natural de Sámano (Castro), militante de UGT. Ingresó el 10 de diciembre de 1938 tras ser condenado a 30 años por defender la República por cargos basados en hechos cuyas pruebas nunca se presentaron. La teórica gravedad de los cargos no hizo que se mantuviera la pena (formalmente, hasta 1967), que acabó reducida en una suerte de rectificación no expresada.
• Ángel San Martín Veci, pescador cántabro natural de Argoños, apresado tras la toma del poder por los golpistas, y trasladado del Dueso a Cádiz. murió el 15 de agosto de 1941 en el hospital municipal de El Puerto por la tuberculosis contraída en prisión. El caso es que para entonces se la había concedido ya una libertad atenuada, cuya notificación no llegó a la cárcel. Estando muerto, se abrió otro proceso contra él desde Burgos.

Además, el proyecto documenta que 24 personas murieron en prisión, 145 accedieron a libertad condicional, 17 fueron trasladadas a otras cárceles y 23 fueron desterradas, obligadas a vivir lejos de Cantabria.

En muchos de los casos se produjo lo que se llama «justicia al revés», es decir,  quienes habían dado un golpe de Estado, es decir, quienes quisieron derrocar al gobierno de entonces –realidad que no niega nadie y que ellos denominaron como «alzamiento», acusaban a los demás de ser ellos los que abanderaban una rebelión. Las condenas se dictaban por tribunales de guerra o juicios sumarísimos y en las sentencias no se detallaban pruebas de los hechos por los que se les procesaba, como sucede en cualquier juicio con garantías.

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