Absueltos Miguel Mirones y los otros cuatro acusados por la quiebra de Socueva
Miguel Mirones, (ex presidente de Ceoe Cepyme Cantabria y actual presidente del Instituto para la Calidad Turística en España, entre otros cargos), y los otros cuatro acusados de la quiebra de la constructora de Socueva, han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Cantabria de los delitos societarios que se les imputaban.
De lo que se les acusaba era de urdir un plan para, en plena burbuja inmobiliaria, ocultar la difícil situación económica de su empresa, en unas acciones que incluían el falseamiento de unas cuentas que se habían ocultado al Registro Mercantil y el traslado de obras y créditos a otra empresa con la que había vinculación para que Socueva no tuviera activos con los que pagar a sus acreedores.
Y el caso es que la sentencia reconoce que se produjeron prácticamente todos los hechos: es decir, que Socueva tenía problemas, que el documento que se elaboró no reflejaba el estado real de sus cuentas, y que sí que se trasladaron proyectos a otras empresas, con el resultado de que se dejaron de pagar casi tres millones de euros a empresas colaboradoras y a la propia Seguridad Social.
El fallo también detalla las fechas en que los hermanos Javier y Miguel Mirones abandonan su propia empresa: justo antes de aprobarse el Plan Estratégico que contenía las medidas (Javier) y justo después de aprobarse una ampliación de capital (Miguel).
Pero, pese al reconocimiento de los hechos, en la sentencia se exponen una serie de argumentos que descartan que todas estas acciones tuvieran una intencionalidad de mentir, ocultar o causar daño.
Es decir, se consideran más propias de una especie de huida hacia adelante, en una sentencia que cuenta con un voto particular (una opinión discrepante), el del magistrado Ernesto Sagüillo, quien rebate esos argumentos apelando a la formación de los acusados, aunque carga las tintas sobre Miguel Tausia, la persona que gestionó la empresa cuando la abandonaron sus fundadores.
LA BURBUJA DE SOCUEVA
La historia de Socueva es una de las historias de la burbuja inmobiliaria: nace en 1990 uno una empresa ligada a los seguros que en 1997 se reconvierte a constructora para edificar un hotel (ambos, empresa y hotel, de los hermanos Javier y Miguel Mirones).
Pero pronto empieza a acumular proyectos y trabajos, sumando en sus mejores momentos hasta cien obras.
Las dimensiones alcanzadas hacen que sus propios gestores se asusten del tamaño de la firma, que tuvo problemas para obtener crédito y que empezó a experimentar falta de liquidez y a deber dinero a proveedores y empleados.
La situación de deudas lleva a elaborar un Plan Estratégico 2001-2002, y es aquí cuando la cosa entra en el terreno legal: el plan refleja un situación económica positiva, cuando en realidad las cifras negativas rozaban los 300.000 euros. Y las cuentas reales en que se basaba, las del año 2000, no se depositaron en el Registro Mercantil.
En el proceso, van saliendo de la compañía sus fundadores, los hermanos Miguel y Javier Mirones, que delegan la gestión y la propiedad en Miguel Tausía, en realidad, el principal encausado en el juicio.
Suya fue la decisión de encargar la gestión financiera de Socueva a otra empresa, Cota, con la que contrajo una deuda. Cota estaba gestionada por Miguel Martínez, y en ella trabaja Inés Carmen Serna, ambos acusados también en este proceso.
Pues bien, Serna, empleada de Cota, recibió poderes para actuar en nombre de Socueva. Y Cota y Socueva pactaron, en base a esa deuda, cesiones de crédito y de proyectos. El resultado fue que cuando Socueva quebró formalmente, no tenía recursos con los que compensar a las empresas a las que debía dinero.
En la actualidad, tanto Miguel Martínez como Carmen Serna (pareja sentimental) desarrollan trabajos de consultoría y auditoría para el ICTE, el Instituto para la Calidad Turística de España, que preside Miguel Mirones y que gestiona la distinción de la Q de calidad en establecimientos hosteleros.
LA INTENCIÓN ES LO QUE CUENTA
El problema de fondo son las intenciones en cada uno de estos pasos:
La Audiencia cree que todos los que gestionaron la empresa, primero los hermanos Mirones y luego Tausía, conocían sus dificultades y sus cifras negativas, pero no que estuviera en situación de quiebra, pese a que en el proceso se llegó a situar ese punto a finales del año 2000, cuando todavía la gestionaban los hermanos fundadores.
El tema de las dimensiones es importante porque se produce un “descontrol” en los propios proyectos de obra, que eran, según los testigos, “reinos de taifas”, hasta el punto de que Tausía, procedente de Ferrovial, una constructora de las grandes, trata de implantar métodos de control similares a los de esa firma. Y la Audiencia asume las tesis de los acusados de que el Plan Estratégico podía no corresponder con la realidad al estar basado en informes de los jefes de obra realizados sin mucho rigor.
La Audiencia entiende que si Tausía se quedó en la gestión es porque no creía que estuviera al frente de una empresa en quiebra, y que no se quiso ocultar las cuentas porque el propio Miguel Mirones se las trasladaría años después a los instructores de la quiebra.
Tampoco piensan que se diseñara el plan para mentir, ya que no se llevó a ningún banco para conseguir financiación.
La actitud de Tausía sólo se hubiera podido explicar si se comportara en “connivencia” con los hermanos Mirones, algo que la Audiencia precisa que nadie ha planteado en este proceso.
Y los delitos no existen porque no se percibe que todas las acciones diseñadas quisieran perjudicar a la empresa, agravar la situación o favorecer a los acusados en perjuicio de Socueva o sus acreedores
Todo lo contrario piensa el magistrado que firma el voto particular, la voz de la contraria: cree que el perfil de los administradores de Socueva les dotaba de conocimientos financieros para conocer la situación.
Y, sobre todo, que la parte de perjudicar a la empresa está clara con el desvío de obras y créditos: fueron los que hicieron que no hubiera con qué compensar a los acreedores sin tratar de negociar con ellos, y además se hizo en base a una deuda “ficticia” con Cota, empresa por la que apostó Tausía y con la que tenía relación.