Sobre el papel, el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) experimentó un cambio en los últimos años que le hizo evolucionar de financiar grandes proyectos estratégicos a apoyar actuaciones más pequeñas y dispersas.

Así lo constata Intervención –el organismo fiscalizador de la propia administración- en un informe al que ha tenido acceso EL FARADIO sobre esta entidad pública ligada a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

En detalle, en 2016 y 2017 se aprobaron sendas líneas de financiación por un importe de 15 millones de euros (en 2015, ninguna).

Sin embargo, el crédito dispuesto esos años no llegó a agotarse, y, de hecho, sólo se formalizó un importe inferior al 40% de cada una de ellas.

Al respecto, el Interventor llama la atención sobre el hecho de que se están produciendo duplicidades con las funciones de otra empresa pública, SODERCAN, ligada a la macroconsejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Políticas Sociales.

Es una tesis que no mantiene sólo el Interventor, sino también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que en un informe sobre el sector público refleja como tanto SODERCAN como el ICAF financian a empresas  y propone diferenciar bien sus funciones: el ICAF para financiar y SODERCAN para asesorar (algo que, en nueva duplicidad, estaba empezando a hacer el ICAF).

Si bien el ICAF por ley (aprobada en 2008) se centraba en la captación de recursos y fondos para la comunidad y su labor se centró en el sector público, sí que tenía margen para operaciones con el sector privado cuando se consideraran inversiones “de interés estratégico para Cantabria”.

Los sucesivos cambios legales hicieron que se fuera centrándose no tanto en captación de fondos como en financiador del sector público y el apoyo a lo privado fuera “excepcional” (término que Intervención ve “indeterminado”, lo que considera que dificulta la labor de evaluación de su actividad).

Sin embargo, pese a lo que definió la Ley de su creación, su apoyo al sector privado, “lejos de ser excepcional (…) se ha comprobado que es habitual”, como refleja el aumento “significativo” de las solicitudes de empresas privadas (de 13 en 2010-2012 a 90 en 2015-2017.

Y, en cualquier caso, pese a ese carácter “excepcional”, las concedidas nunca han sido menos del 40% del total, llegando en 2017 a ser ya la mitad (la tendencia última es más operaciones por menores importes).

La crisis ha cambiado los hábitos: esas empresas privadas ya no recurren tanto al ICAF para nuevos proyectos de inversión o nuevas líneas de negocio, sino que su mayor necesidad es cubrir necesidades de tesorería y circulante, es decir, son operaciones para tener liquidez.

Y el Instituto ha ido evolucionando hacia una especie de asesoría, que no se considera mala, sobre el estado de las empresas, algo que no había previsto la Ley por la que se creó (y que supone una “duplicidad” con las funciones de otra empresa pública SODERCAN, que sí tiene esa misión entre sus funciones, y que a su vez también está ejerciendo tareas de financiación del sector privado.