Silvia Abascal, diputada socialista

El Parlamento de Cantabria ha instado al Gobierno a llevar a la Fiscalía la sentencia que declaró «lesiva» para el interés público la actuación del anterior Gobierno del PP, que estando en funciones aprobó que el siguiente Ejecutivo no pudiera penalizar a la adjudicataria del megacontrato, Ferrovial, por futuros incumplimientos.

Como explicó la semana pasada ante el Pleno, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, aseguró que el Gobierno de Cantabria había perdido 2,2 millones de euros por las órdenes aprobadas por el anterior director gerente de Valdecilla, el actual responsable de Sanidad del PP de Cantabria, César Pascual.

Y en una moción subsiguiente, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido la moción, que ha presentado «por unos hechos de especial gravedad ante los que no podemos mantenernos impasibles», respecto a la sentencia que «dictamina» que «la decisión política de la consejera Buruaga -la presidenta y candidata del PP fue consejera de Sanidad- y del señor César Pascual es nula e ilegal, y lesiva para los intereses públicos».

«Suficientemente importante y preocupante como para que en sede Parlamentaria solicitemos la remisión a la Fiscalía de la resolución del exgerente de Valdecilla, César Pascual, el 17 de junio del año 2015», tal y como ha defendido la diputada socialista, Silvia Abascal.

Por su parte, el diputado del PP, Iñigo Fernández, ha defendido que la anulación judicial de la resolución ha sido «por un defecto de forma» y que el juzgado «no entra al fondo ni aprecia delito penal» en aquella actuación.

La sentencia fue en el ámbito contencioso-administrativo, en el juzgado número 3 de Santander, y no entraba a dirimir responsabilidades penales, que son las que se pedirá ahora que investigue la Fiscalía.

La diputada del PRC, Rosa Valdés, ha afeado al PP que «el contrato de Valdecilla ha sido un gran fraude para la Sanidad de Cantabria», como advirtieron los trabajadores, al tiempo que ha señalado que «el cazador ha sido cazado», en referencia a la acción de los populares ante la Fiscalía por los contratos irregulares en el Servicio Cántabro de Salud, en la actual etapa de Gobierno PRC-PSOE.

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha criticado a los partidos en el Gobierno que «se acuerdan de Valdecilla para utilizarla como arma electoral», para pedir al Parlamento que ratifique «algo que es potestad del Gobierno» (llevar la sentencia a la Fiscalía), lo que ha considerado «ridículo».

La moción se ha aprobado con los únicos votos en contra de los 13 diputados del PP, frente a los 21 de PRC (12), PSOE (5), Grupo Mixto (4) y la diputada no adscrita, Verónica Ordóñez (Podemos).

PRC Y PSOE SE ENFRENTAN POR LAS AYUDAS DE LAS INUNDACIONES

El Parlamento se disuelve en unos pocos días y quedan pocas sesiones plenarias para poner fin al periodo de sesiones y a la legislatura, por lo que a tan poco de las elecciones empieza a ser, más que nunca, que cada partido lleva sus temas, ‘cada loco con su tema’.

Así ha planteado el PSOE esta iniciativa de llevar la gestión del PP en Valdecilla a la Fiscalía, y así ha insistido el PRC en los temas de confrontación con el Gobierno central, como el pago de las ayudas por las inundaciones.

Aunque se ha aprobado por unanimidad (con enmiendas de los diputados del Grupo Mixto, José Ramón Blanco y Juan Ramón Carrancio), ha supuesto un nuevo cruce de reproches entre los socios en el Gobierno regional, en el que los regionalistas consideran que el PSOE ni sus representantes en Madrid han hecho «nada» y los socialistas han acusado al socio de «mentir».

El Gobierno central aprobó ayudas y la ministra de Industria, Reyes Maroto (PSOE), se lo trasladó a su homólogo del Gobierno cántabro, Francisco Martín, en la Feria Internacional de Turismo. No obstante, la diputada del PRC, Rosa Díaz, ha pedido que se agilicen las ayudas por un total de casi 30 millones «entre lo público y lo privado».

El portavoz socialista, Víctor Casal, ha recriminado al PRC que su reclamación de medidas urgentes para reparar daños por las inundaciones «no deja de ser un reclamo publicitario de cara las elecciones generales», ya que la iniciativa se presentó en febrero pero se ha aplazado su debate hasta ahora.

COATED SOLUTIONS Y DEPENDENCIA

El Partido Popular ha pedido al Gobierno de Cantabria que termine con la tramitación medioambiental para la ampliación de la fábrica de Santander Coated Solutions en el Puerto, con la que estaba previsto que se ampliara la plantilla de 60 a 200 empleados.

Un asunto que adelantó EL FARADIO en noviembre, cuando publicó que la empresa estaba «reevaluando» los planes de ampliación, al tiempo que entraba en la operación de compra de la planta de la danesa Vestas en la provincia de León, con ayudas de la Junta de Castilla y León de hasta 30 millones de euros, según reveló la prensa local de la comunidad vecina.

Network Steel Resources (NSR), que ha recibido apoyo económico del Gobierno de Cantabria para su instalación y ampliación de la fábrica en el Puerto de Santander, acusaba al Gobierno de tramitar con lentitud la Autorización Ambiental Integrada, algo que ha negaba la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos, en el pleno de la semana pasada.

En una moción subsiguiente a la pregunta de hace siete días, el diputado del PP, Íñigo Fernández, ha exigido al Gobierno que resuelva «cuanto antes» las autorizaciones porque Cantabria «no puede permitirse el lujo de perder una inversión de 100 millones de euros» y que 200 puestos de trabajo «se queden por el camino».

Por otro lado, la diputada Isabel Urrutia ha pedido al Ejecutivo que derogue la nueva normativa de atención a la Dependencia, como han solicitado las empresas que prestan estos servicios en Cantabria al final de la semana pasada en un comunicado conjunto.

DERRIBOS Y LÁBARO

Por otra parte, todos los diputados, por unanimidad, han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) que evidencia el incumplimiento de la declaración institucional de 2017 para resolver esta legislatura la situación que viven decenas de personas por las sentencias de derribo.

En la PNL aprobada este lunes se extiende tal solución «definitiva y efectiva», que no llegará hasta finales de este año 2019, con los nuevos ayuntamientos y Gobierno que salga de las urnas el 26 de mayo.

Finalmente, los diputados de Podemos suspendidos de militancia, en el Grupo Mixto, José Ramón Blanco y Alberto Bolado, llevaban la tramitación de una modificación legal para regular el uso del Lábaro para que se emplee «correctamente» y «no se use de cualquier manera».

La iniciativa quería ir más allá de lo que aprobó el Parlamento en 2016, para reconocer la bandera como símbolo representativo e identitario de Cantabria. Blanco y Bolado sólo han contado con el apoyo de su excompañera de Grupo, Verónica Ordóñez, diputada no adscrita.