PSOE, PRC, Izquierda Unida, y Santander Sí Puede piden que se garantice la calidad del servicio de la OLA y las condicionales laborales y salariales de los trabajadores, que han denunciado una serie de despidos en este servicio adjudicado a la empresa privada Dornier.

Foto: Carlos Atienza

Así lo expresan en una moción, registrada hoy, y que se debatirá en el Pleno del Ayuntamiento el próximo jueves, 28 de marzo, los portavoces municipales del PSOE, Pedro Casares; del PRC, José María Fuentes- Pila; de Izquierda Unida, Miguel Saro, y el concejal de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón.

Los grupos municipales de la oposición piden, a su vez, constituir una comisión de seguimiento para conocer la situación de la prestación del servicio y las condiciones en las que se produce la reducción progresiva de la plantilla.

Además, recuerdan que la Junta de Gobierno licitó la concesión con un canon anual mínimo de 750.000 euros, que finalmente fue adjudicado a una empresa que abonó un canon anual de 1.340.000 euros, presentando una oferta por un valor superior a la temeridad establecida, que ascendía a 1.228.122 de euros.

Según recoge el texto de la moción, este hecho generó en 2017 una gran preocupación entre los trabajadores, ya que temían que la empresa adjudicataria rentabilizara el coste de ese canon, más elevado del umbral establecido, a costa de un peor servicio o reducción de la calidad de los puestos de trabajo.

Desde la adjudicación del servicio a una nueva empresa, se han advertido en numerosas ocasiones los riesgos para garantizar el mantenimiento y la calidad de los puestos de trabajo.

El temor que existía, en aquel momento, en la plantilla se ha confirmado dos años más tarde, con despidos improcedentes, jubilaciones anticipadas, etc. En total, recuerdan los portavoces municipales, un total de 12 trabajadores menos en dos años.

El Ayuntamiento de Santander aseguró falsamente que los despidos fueron disciplinarios y de acuerdo con el comité de empresa, extremos que desmiente documentación judicial y laboral y que ha negado el propio Comité, recordando que ha llevado a los tribunales algunos de ellos.

Por último, recuerdan que la concesión del contrato de explotación de la OLA, a la que están sujetas actualmente 6.677 plazas en distintas zonas de la ciudad, se encarga del control directo del tiempo de estacionamiento de acuerdo con la normativa vigente en la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento.

Dicha empresa adjudicataria se responsabiliza a su vez del control, programación, conservación, mantenimiento y reposición de las máquinas expendedoras, así como de la incorporación de las que sean necesarias durante la vigencia del contrato.

La situación en la OLA de Santander, con despidos en base a mejoras organizativas no planteadas en el contrato y que en cualquier caso podían haber supuesto que se derivara el personal a otras funciones del mismo servicio, se ha sumado a la incertidumbre entre otros trabajadores, los de Parques y Jardines, tras otra adjudicación a la baja a COPSESA que está en proceso de revisión después de que se alertase de que su oferta no garantiza los costes del servicio.