Es una de esas cosas que en Cantabria van al revés que en otros lugares. Mientras en España la alerta máxima en incendios forestales se registra en los meses de verano, aquí los momentos de mayor riesgo se producen en febrero-marzo y en otoño, cuando se mezclan los factores del viento cálido de las suradas y de las épocas de quemas de rastrojos en los montes, que persiguen regenerar pastos para usos ganaderos.

Entre los daños medioambientales, se encuentran los que perjudican al suelo, que pierde nutrientes y microfauna, además de ser menos resistente a la acumulación de lluvias; o los que dañan a la vegetación, que pierde masa forestal, con consecuencias en la aparición de especies invasoras, y el aumento de emisiones, entre otros daños.

Pero al margen del daño medioambiental , las llamas tienen consecuencias económicas: las pérdidas que produce y los costes de extinción, que pueden llegar a alcanzar los 8,7 millones de euros.

Ese es el último dato oficial conocido, el que recoge la Memoria Fiscal del 2013, que recopila los datos de 2012 y que es la última que se ha presentado.

El Ministerio Fiscal se persona en las causas relacionadas con los incendios forestales y tiene personal específico para delitos medioambientales, porque, según datos de la organización WWF, en el 96% de los fuegos está detrás la mano del hombre.

Según las cifras del Ministerio Público consultadas por EL FARADIO, en 2012, las pérdidas económicas que provocaron las llamas ascendieron a 8,5 millones de euros, y los costes de extinción, a 157.062 euros, siempre teniendo en cuenta que los datos que recogen son de los que han acabado derivado en juicio.

Ese año, hubo tres juicios por delitos de incendio forestal, y en los tres casos se declararó a los acusados culpables (en uno de ellos, por imprudencia grave).

Pero no todos los incendios tienen nombre y apellidos. En muchas, la mayoría, de las quemas, no se puede localizar al autor.

Y aunque hay daños que no se pueden cuantificar, como la pérdida de atractivo turístico de una zona devastada, por ejemplo, otro dato que sirve para acercarse a los costes económicos del fuego en los montes es la partida presupuestaria que tiene prevista el Gobierno de Cantabria en sus presupuestos.

La cifra consignada para este año, 2014, se sitúa en 4,1 millones de euros.

Los incendios forestales obligan al Ejecutivo a usar medios públicos para la extinción, el seguimiento, movilizar a patrullas forestales, bomberos o, en casos graves, el 112 e incluso el helicóptero regional, a lo que habría que sumar los costes de restauración cuando los montes son públicos.

En 2013, según datos del Gobierno de Cantabria, se registraron 417 incendios forestales (casi la mitad que el año anterior, en que fueron 800).

De ellos, el año pasado, 30 afectaron a espacios naturales protegidos, y en total, ardieron 4.471 hectáreas (cifra que se ha reducido en un tercio respecto al año anterior).

Los datos positivos hablan de reducción en las cifras, y de que ni el año pasado ni el anterior se produjeron fuegos de los clasificados como grandes incendios, los que afectan a extensiones de más de 500 hectáreas.

Organizaciones ecologistas como WWF, que sigue con mucha atención el tema de los incendios forestales, advierten del riesgo de que se incrementen en los próximos años como consecuencia del aumento de las temperaturas, y llaman la atención sobre la importancia de que los aspectos económicos incluyan también la prevención, además de lamentar que los problemas para identificar y castigar a sus autores acaben transmitiendo un mensaje de impunidad.