Comparten preocupaciones y tienen un enemigo común. Su perfil es similar y, en las distintas conversaciones, se repiten argumentos, motivaciones y deseos. Son ciudadanos que mantenían una vida que califican como normal, hasta que se toparon con el banco. Los abusos que han enfrentado durante meses y el sufrimiento que han sentido a lo largo de todo este tiempo les han convertido en activistas.

El sector financiero ha movilizado a personas que no participaban en los movimientos sociales tradicionales y que continúan en la lucha después de solucionar sus distintos problemas. Las plataformas que han surgido para reivindicar los derechos de los afectados por las participaciones preferentes o que defienden otra política de vivienda que ponga fin a los desahucios han servido como catalizador. Han aprendido a exigir justicia y no están dispuestos a parar ahora.

Rosa del Pozo y José Luis Cruz, junto a al marido de Rosa y un grupo de compañeros durante una protesta.

Ese es el caso, por ejemplo, de Rosa del Pozo, una trabajadora de la limpieza de 50 años que organizó una fiesta junto a sus compañeros de la Plataforma de Afectados por las Preferentes cuando recuperó los 15.000 euros que tenía atrapados en Liberbank. No era su intención, pero las dificultades que se encontró por parte de la entidad para cancelar la cuenta provocaron el apoyo masivo de todos aquellos que la habían acompañado durante su pesadilla.

Llegó a un acuerdo con la antigua Caja Cantabria minutos antes de llegar a juicio, pero su sensación era que tenía una cuenta pendiente, una herida que tenía que cerrar. «Han sido dos años de calvario, de sufrimiento. Nos ha hecho mucho daño a mí y a mi familia, y lo que quería era cerrar la cuenta», relata.

Y quería hacerlo sin tanto protocolo, sola, pero le negaron la posibilidad. La rabia y la frustración le empujaron a comunicarlo a sus compañeros en la plataforma, que rápidamente idearon una acción de protesta para conseguirlo.

«Cuando hacen daño a uno, es como si nos lo hicieran a todos. Nos han tratado como a perros, como a escoria», subraya esta santanderina, casada, que presume de nieto y que explica que necesitaba el dinero comprometido con las preferentes para ayudar a una hija a poner la cocina en un piso de protección oficial que le había tocado.

Su caso, como el de la mayoría, tiene mucho que ver con la confianza que había depositado en la empleada del banco que le vendió el producto tóxico. «Me escribió las condiciones en una hoja, a boli, para que se lo pudiera explicar a mi marido. Ese papel lo he tenido guardado como oro en paño para ir a juicio. Y menos mal, porque mira cómo fue todo», señala.

«Cuando llegué a la plataforma, estaba muy rabiosa. Quería manifestar mi enfado. Vi que estaban muy lanzados, con muchas iniciativas a la hora de pedir lo que es nuestro. Empezamos a unirnos al grupo con manifestaciones y concentraciones y todo lo que ha venido detrás ha sido mucho y muy valioso», agradece.

Todo el mundo ha puesto su grano de arena. Han sido muchas horas, mucho cansancio y mucho dinero invertido para ir a concentraciones a Solares, a Torrelavega, a Corrales, a Oviedo, a Gijón, a Madrid… «La constancia ha merecido la pena», asegura. Lo que quiere ahora es mantener ese compromiso y ayudar a los que están pasando por el mismo trance.

La Plaza Porticada ha sido el centro neurálgico de las protestas.

«Todavía sigo implicada y lo estaré hasta que el último de la plataforma cobre. Lo he dicho y lo mantengo: estoy aquí para todo. Si hubiera sido la última en cobrar, también me hubiera gustado que estuvieran para apoyarme. Voy a estar hasta que lo recuperen todos. Hasta el último día seguiré llamando a la gente, concentrándome, haciendo movilizaciones… Todo».

Ahora están pensando en nuevas acciones para combatir la catarata de denuncias a la que se enfrentan. Buscando el límite para protestar sin que puedan hacerlos volver al juzgado, en este caso, como acusados. La propia Rosa ha sido identificada en varias ocasiones por pegar carteles o protestar en las oficinas.

Una situación que conoce de cerca José Luis Cruz, de Comillas. Este parado de 59 años tuvo un juicio hace dos años, el segundo en Cantabria, cuando el director de su oficina de toda la vida lo denunció a él y a un compañero por amenazas. Ganaron, pero no olvida lo que le han hecho pasar.

Su caso es distinto porque, a pesar de que se hable siempre de preferentes, los productos financieros tienen características distintas según la entidad que los haya suscrito. Él tenía 90.000 euros en La Caixa, uno de los bancos que más rápido solucionó el conflicto, y pudo recuperarlos íntegramente.

Está casado y tiene una hija estudiando fuera de casa, en la universidad, y reconoce que si no llega a haber resuelto su caso, ahora mismo lo estaría pasando muy mal. «Mi problema está solucionado desde hace dos años, pero yo llevo todo ese tiempo en la calle luchando por lo de los demás. Colaboro siempre que puedo, bajo a las concentraciones y mantengo la implicación porque creo que es justo. Ellos me ayudaron a mí y estuvieron conmigo cuando lo necesité», recuerda.

En su opinión, no siempre han encontrado el apoyo y la comprensión del resto de la sociedad, pero sigue implicado en la lucha porque considera que es útil. «También hay un punto de orgullo, por joderlos un poco. Se han reído de nosotros y quiero tocarles las pelotas», dice entre risas.

Una motivación que comparten Antonio Palacio, de 47 años, y su madre, Adela Ramos, de 68. Estos santoñeses, antiguos clientes de La Caixa, se vieron afectados con 82.000 y 39.000 euros respectivamente. Desde que recuperaron su dinero en julio de 2012, continúan acudiendo a todas las convocatorias que realiza la plataforma, sean donde sean: Santander, Torrelavega, Cabezón, Castro… o donde haga falta.

Antonio Palacio, el primero por la derecha, durante la ocupación de una oficina. Su madre es la segunda por la izquierda.

Antonio es electricista, aunque está en paro. Precisamente, cuando perdió su empleo descubrió que tenía sus ahorros en preferentes. Hasta entonces, era su madre, pensionista, la que gestionaba la cuenta. Gracias a un amigo que tenía una asesoría fiscal comenzaron a investigar y abrieron los ojos sobre lo que se les venía encima.

«Cuando lo resolvimos, nos comprometimos a seguir ayudando a los afectados de otras entidades. Es una injusticia y me da pena, porque conocemos los distintos casos», comenta a EL FARADIO. Adela sigue integrada al máximo, detrás de la pancarta, y fue una de las que repartió pan y chorizo en la Plaza Porticada, frente a la sede de Caja Cantabria, por ejemplo.

Adela Ramos repartió pan y chorizo frente a la sede de Caja Cantabria.

AYUDA Y SOLIDARIDAD

Los preferentistas, como se les conoce, no son los únicos ciudadanos que han comenzado a movilizarse como respuesta a las irregularidades del sector financiero. En todo el país se ha desarrollado un movimiento muy fuerte de apoyo a los afectados por las hipotecas, que ha tenido su reflejo en Cantabria.

Fina Acebo, de 47 años, es miembro activo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde hace mucho tiempo. Esta vecina de La Penilla de Cayón perdió su trabajo de camionera hace casi tres años y ese fue el inicio de una pesadilla que le ha convertido en activista comprometida.

Llevaba todos sus pagos al día hasta que se quedó sin ingresos y tuvo que enfrentar la posibilidad de perder su casa. En su momento, se podía permitir pagar un piso que había comprado, con el firme convencimiento, muy extendido, de que alquilar era tirar el dinero. El apoyo de la PAH le permitió conseguir la dación en pago con Bankia y un alquiler social por cinco años que le garantiza un techo en el que dormir.

«Nunca había participado en movimientos sociales. Esta experiencia me ha valido para aprender muchísimo y para luchar por la gente», comenta Fina, que todavía se emociona cuando tiene que hablar de su situación. «De todas formas, nunca he llorado tanto como cuando he podido ayudar a alguien y su caso acaba bien».

Fina Acebo, durante una protesta ante Ignacio Diego.

Ahora cuenta cómo se crece cuando tiene que luchar por algo que considera justo, cuando tiene que negociar daciones en pago o alquileres sociales para otros, cuando realiza ocupaciones, tomas simbólicas o acciones de protesta en las entidades bancarias.

Desde que se convirtió en una ‘militante de base’ de los movimientos sociales, ha participado en las manifestaciones junto a los trabajadores de Sniace, en las protestas de los vecinos de Lasaga Larreta contra EON, que paralizaron una carrera nocturna en Torrelavega, ha sido multada por el escrache a Ildefonso Calderón o por una acción contra Ignacio Diego en Puente San Miguel. «Lo que he crecido como persona a través de la PAH es brutal. No me van a parar con las multas», concluye.

Sus casos no son únicos, aunque sí muy significativos. Otros afectados dan un paso atrás, cansados de tanta lucha, cuando consiguen cerrar sus heridas y saldar sus cuentas pendientes con unas entidades financieras que les han provocado un cambio radical en sus vidas. Más concienciados, más activos, más decididos a defender sus derechos. Convencidos de que, con organización y constancia, han sido capaces de torcer el brazo a los que eran sus verdugos.